Los cinco estudiantes de la Universidad de Salamanca que fueron detenidos y multados por irrumpir en la investidura honoris causa de Jean Claude Juncker con ánimo de protestar por los recortes en educación emprenderán acciones legales contra los policías que les expulsaron violentamente del acto, causándoles lesiones. La querella acusará a los agentes de abuso, coacción y retención.
En rueda de prensa, los alumnos han explicado que sufrieron violencia policial y vulneración de su libertad de expresión pese a que acudieron al evento a título individual “en representación de los miles de estudiantes que han sufrido los recortes y en pos del profesorado que ha visto precarizado su trabajo”.
Así, detallan que pese a que buscaron realizar una reivindicación “de manera completamente pacífica”, la Policía les expulsó de la sala antes de realizar cualquier protesta. Por ello llevaron a cabo su acción mientras eran expulsadas a empujones, cuando sólo portaban “camisetas en defensa de la escuela pública y carteles contra los recortes”.
De igual manera, aseguran que si bien iban saliendo “con los brazos en alto y dejando claro su voluntad de explicar la situación”, los jóvenes fueron desalojadas de manera violenta. Además, fueron retenidas durante más de dos horas y cuarto en los baños del claustro, siendo cacheados e incomunicadas, por lo que se produjo “una clara detención ilegal”.
También denuncian que se les requisó el DNI y se les hicieron preguntas del ámbito personal sin relación con los hechos. A ello se le suma que, de las cinco denuncias interpuestas por la Policía, cuatro no han sido firmadas “a causa de los múltiples errores de forma presentes en ellas” referentes a la hora, a falsedades en cuanto al número de personas que gritaron o que portaban camisetas reivindicativas y sobre la resistencia y desacato a la autoridad, “algo que nunca ocurrió como demuestran los vídeos”, según afirman.
Además, los estudiantes detallan que, durante la expulsión, uno de ellas sufrió una llave e inmovilización violenta, lo que le causó lesiones en la espalda y cervicales como está recogido en el parte médico. Otro de ellos fue lanzada al suelo, por lo que sufrió una “grave lesión en su hombro y pecho”, algo que también está recogido en otro parte, ambos dos emitidos el propio día de los hechos en el hospital Clínico.
Por toda esta violencia, los jóvenes afectados emprenderán acciones legales contra los policías causantes de sus lesiones. Pese a que en el momento que los estudiantes requirieron a los agentes que les facilitasen su número de placa, estos se negaron, han conseguido, por el momento, identificar a dos de ellos. Así, las primeras denuncias irán contra estas dos personas, si bien no descartan poder conocer la identidad de más de ellos para ampliar la queja.
Y es que los manifestantes aseguran que esta represión desmedida castiga un un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, y han agradecido a más de una decena de colectivos, partidos y asociaciones de la ciudad de Salamanca que se hayan opuesto a estas medidas.
Por todo ello, han querido hacer un llamamiento a toda la comunidad universitaria y civil a “oponerse a este ataque a la libertad de opinión”, y han anunciado que comenzarán una campaña ‘antirrepresiva’ para denunciar los abusos policiales sufridos, además de pagar la multa a la que se enfrentan, que pueden ascender a los 150.000 euros. Así, a partir del jueves pondrán a la venta una serie de camisetas contra la 'Ley Mordaza' y crearán una campaña de crowdfunding.
El rector "perdió los papeles" lanzando amenazas "que no puede cumplir"
Los estudiantes, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Salamanca, han asegurado que han recibido amenazas de recibir la apertura de un expediente sancionador que podría suponer su expulsión de esta institución.
Y es que, según han explicado los jóvenes, esta semana se produjo una reunión entre el rector, la seguridad de Mariano Rajoy, Protocolo y la Junta de Delegados de Representantes de Alumnos en la que Daniel Hernández Ruipérez "perdió los papeles" y lanzó una serie de amenzas "que no puede cumplir porque le quedan tres días en el cargo, literalmente", sentenciaron.
