La Facultad de Derecho acogió este viernes el seminario ‘El impuesto de las hipotecas y la jurisdicción contencioso-administrativa’, dentro del Programa de Doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social. La actividad estaba coordinada por las áreas de Derecho Administrativo y Derecho Financiero de la Universidad de Salamanca y busca analizar de forma pormenorizada una realidad de tremenda actualidad, el impuesto de las hipotecas y su problemática.
En el seminario intervinieron como ponentes José María Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y Marcos M. Fernando, catedrático de Derecho Administrativo.
El objetivo de la charla, que logró un lleno absoluto de alumnos, era tratar el asunto del impuesto que grava los impuestos hipotecarios a raíz de la polémica surgida semanas atrás. José María Lago explicaba a SALAMANCA24HORAS que “Una mala regulación de un impuesto antiguo y que tiene una cabida muy difícil en un sistema tributario moderno, ha generado una pelea jurisprudencial ‘prevista’ entre magistrados el Tribunal Supremo, porque cuando las cosas se hacen mal, surgen estos problemas”.
Así, la ley no regula adecuadamente esta figura tributaria, ya que no dice con claridad quién es el sujeto pasivo obligado al pago del impuesto, lo cual se presta a interpretaciones. La jurisprudencia del Tribunal Supremo venía diciendo tradicionalmente que era el prestatario el que debía abonarlo, entendiendo que el negocio principal en ese negocio mixto es el préstamo.
En cambio, tal y como explica el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, ahora una corriente importante de la sala tercera piensa que lo importante en un préstamo hipotecario no es el préstamo, es la hipoteca, por lo que piensan que el sujeto pasivo, el obligado al pago, debe ser el acreedor hipotecario que es el banco.
Aseguraba que el decreto ley “tampoco es la manera de resolver las cosas”. “Esta figura tributaria, que es una figura muy antigua, ha sido superada por impuestos mejores y más modernos del ordenamiento jurídico; debería suprimirse o bien abaratarse sensiblemente, pues a día de hoy es una carga tributaria muy grave para quienes adquieren viviendas”, opinaba.
Aunque aún es difícil hacer predicciones, el experto afirmaba que esta guerra no ha terminado, y que hay muchas probabilidades de que el asunto llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Constitucional dijera que podía ser sujeto pasivo cualquiera de los dos. “Veremos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice si un impuesto tan antiguo como este es compatible con la libre circulación de capitales y el derecho a bienes de primera necesidad como son la vivienda.”
Ante las sugerencias y críticas que insinuaban que el impuesto acabará siendo pagado de una manera u otra, Lago decía que “El impuesto es un coste para el banco, todo impuesto que grava una actividad económica de una actividad empresarial es un gasto para la empresa y el empresario se tiene que resarcir de él de alguna manera, no sabemos cómo. No se sabe si este nuevo coste lo terminarán pagando los prestatarios, que aparentemente han sido liberados por el decreto ley, o lo terminaremos pagando entre todos en forma de incremento de las comisiones bancarias”.
