El juez Pablo Ruz, magistrado titular del Juzgado número cuatro de Móstoles y previamente juez instructor de los casos Bárcenas, Gürtel y Rumasa, ha acudido a Salamanca a impartir en la Universidad el seminario ‘El día a día de la cooperación judicial internacional: de la teoría a la práctica’. En esta charla ha hablado de cooperación penal internacional a partir de la experiencia acumulada en los destino que el juez ha tenido la oportunidad de servir, especialmente en la Audiencia Nacional.
El juez Ruz cree que la cooperación internacional actual ha cambiado mucho en los últimos años, hasta ser realmente fluida en el ámbito de la Unión Europea, incluso con estados que antes ponían más dificultades, como eran Suiza o Andorra. Así, gracias a normas recientes que consagran directivas y decisiones marco, se ha logrado una cooperación internacional similar a la que se mantiene entre juzgados españoles.
Por ello, muchos casos de corrupción, entre ellos muchos de los que se están tramitando o enjuiciando actualmente y que implican un grado de transnacionalidad, son más fáciles de investigar para jueces y fiscales, especialmente para perseguir los bienes y el dinero sustraído, como ha asegurado Pablo Ruz.
El juez también ha afirmado que “vivimos en una corrupción sistémica”, ya que muchas de las prácticas que a gran escala escandalizan a la sociedad están consentidas a pequeña escala, y ha asegurado que las prácticas que se asumen como Estado no se reproducen en otros países. Pese a ello, no cree que España sea uno de los países más corruptos de Europa, y cree que el trabajo de los jueces es luchar contra esa corrupción, no sólo del ámbito judicial sino también del ámbito pedagógico o educacional, tratando de transformar las dinámicas que dan lugar a comportamientos poco nobles.
Así, para Pablo Ruz la respuesta a la corrupción no está sólo en la sanción mediante el código penal, sino que hay que exigir unos controles previos a la Administración, tanto estatal como local, para evitar esa corrupción tan extendida.
El magistrado también ha valorado la propuesta de juzgados específicos destinados a lucha contra la corrupción, opinando que en determinados ámbitos podrían ser buenos, ya que si la competencia de investigación sobre la corrupción se centralizara en órganos especializados podría lograrse una mayor dotación de medios, como ha pasado en otras jurisdicciones como la relativa a la violencia de género. También podría conseguirse una mayor facilidad a la hora de pedir ayuda a los Ministerios o departamentos competentes.
A la hora de cooperar internacionalmente, el juez Ruz ha afirmado que fenómenos como el Brexit supondrán quiebras en el marco jurídico existente, y cree que la cooperación será más difícil de lo que venía siendo.
Por último, respecto de la justicia digital que pretende “ese ansiado papel cero”, como lo ha calificado el juez, ha explicado que por el momento “es una mera expectativa, muy loable en cuanto a su intención”, pero irreal hoy en día, que además dificulta enormemente el trabajo de los jueces.
