El pleno de la sesión ordinaria de la Universidad de Salamanca, presidido por el rector, Ricardo Rivero ha girado en torno a un tema principal y a una preocupación general entre todas las univerisdades públicas de España: la mala gestión de la legislación de la LOSU. "Va a salirnos muy cara y genera riesgo de quiebra en muchas universidades públicas".
A pesar de que la USAL no se encuentra en una "situación crítica", gracias a la gestión progresiva del cambio y a la colaboración de la Consejería de Educación, el rector ha declarado la frágil posición en las que se encuentran estas instituciones porque la nueva ley "genera costes altísimos y riesgos económicos".
Entre los cambios más significantes, Rivera ha querido destacar la organización y gestión del profesorado. Según la LOSU, los docentes deben impartir menos horas de clase, lo que supone una compensación con la contratación de otros profesores. Un coste añadido. Además, esta legislación obliga a estabilizar a todo el personal de las universidades, incluido a los docentes asociados, lo que imposibilita la contratación de personal joven: "Hay gente joven muy brillante que ahora mismo, gracias a la LOSU, no puede ser contratada", ha lamentado el rector.
"La LOSU nos va a costar entre 9 y 12 millones", ha asegurado. El rector tambén ha expresado que las ayudas por parte del Ministerio son insuficientes y ha declarado que "los errores técnicos y jurídicos, más la falta de cálculo económico ya empiezan a percibirse".
La sesión ordinaria del pleno ha concluido con el rector solicitando "prudencia" ante estos meses de incertidumbre.
