La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha reprobado en Burgos que la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) conlleva un impacto presupuestario para las universidades porque “se altera todo el régimen de personal”, que eso hace, explicó, “que conlleve una mayor financiación”.
“Una financiación mucho mayor de lo que puede ser una implantación progresiva de una Universidad. Y viene sin memoria económica y sin financiación por parte del Gobierno de España a las universidades”, recriminó a preguntas de los periodistas antes del acto de apertura del curso académico 2023-2024 de la Universidad de Burgos (UBU).
A su juicio, se trata de una ley que “ha nacido sin consenso, sin atender las demandas de los equipos rectorales ni de las comunidades autónomas y sin financiación económica”. Algo que, según manifestó, “conlleva que tenemos que entre todos priorizar y ver cómo acordamos y atendemos esas demandas”.
En este sentido, Lucas recordó que la Junta de Castilla y León sigue reivindicando al Ministerio de Universidades y al ministro de Hacienda que esa ley “tiene que venir con mayor financiación” y que, incluso, añadió, “tiene que ser no aportada de forma inmediata sino con un mayor periodo transitorio porque si no la situación de gobernabilidad y la implantación de las universidades lo va a hacer imposible la aplicación de la ley”.
“Tenemos un compromisos que abordar, una Ley de Universidades que solamente en el caso de la Universidad de Burgos casi ronda los 20 millones”, dijo, y animó a “multiplicar esa cantidad por las otras tres universidades que también están en el ámbito de Castilla y León”. “Todo eso vinculado a que tenemos que seguir reforzando esos campus que tenemos en cada una de nuestros territorios, las nuevas titulaciones, las infraestructuras…”, añadió.
De esta forma, se refirió a la demanda de una Facultad de Medicina en Burgos, León y Soria y apuntó que “los nuevos títulos se tienen que acordar en el seno de la Comisión académica”, que recordó que se reunió en julio y que allí se decidió “entre todos” esperar esas decisiones a la implantación de la LOSU porque “es un problema que tenemos más inminente todas las universidades”.
Finalmente, la responsable autonómica de la Educación insistió en que desde la Junta “se respeta y apoya las legítimas reivindicaciones de las universidades” y reiteró que “tiene que ser acordado en el ámbito del consenso y de la Comisión A
