Nuevo lío en torno a las elecciones que se celebraron en Bolivia en octubre de 2019 y que terminaron con un presunto golpe de estado y el exilio de Evo Morales durante un año. Y es que la Fiscalía boliviana ha determinado que no hubo fraude en los comicios -como así aseguró la oposición- en los que el histórico mandatario boliviano se impuso, aunque finalmente fueron anulados.
El quid de la cuestión es que el informe pericial en el que la Fiscalía se ha basado para afirmar que no hubo fraude está firmado por Juan Manuel Corchado y dos miembros más del equipo de Bisite (Grupo de investigación en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca y dependiente de su Fundación General) que dirige el catedrático del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de Informática y Automática.
En concreto, Corchado junto a Manuel López y Pablo Plaza, analizaron si hubo manipulación voluntaria en los datos de las elecciones de Bolivia de 2019. Tras un análisis minucioso, el grupo de Bisite liderado por el catedrático determinó que, aunque sí había bastantes irregularidades en el proceso, no se podía detectar manipulación voluntaria.
Hay “negligencias que no son propias de un proceso electoral” pero no hubo manipulación
En una entrevista exclusiva para la televisión boliviana RedUno, Juan Manuel Corchado ha explicado que fue uno de los grupos de investigación del Bisite el que, tras enterarse de que había una “licitación internacional” de la Fiscalía Boliviana, concursaron como hacen con otros “cientos de proyectos y licitaciones de este tipo”.
Específicamente, lo que se les pedía era “realizar una evaluación independiente de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral”, según detalla el catedrático en dicha entrevista, en la que reconoce que su grupo del Bisite tiene amplia experiencia en realizar pericias “en el ámbito de muchos proyectos” pero era la primera vez que lo hacían sobre un proceso electoral.
Finalmente, fueron los ganadores de la licitación, por lo que él como responsable del grupo de investigación firmó el contrato con la Fiscalía boliviana, al igual que lo hizo Óscar González Benito como director de la Fundación General de la USAL al depender el Bisite directamente de esta y ser la organización que iba a recibir los emolumentos por realizar la pericia. En concreto, unos 200.000 bolivianos, que al cambio son cerca de 26.000 euros.
De todas las críticas recibidas, Juan Manuel Corchado ha ido saliendo al paso y desmintiéndolas, como por ejemplo recalcando que los otros dos miembros del Bisite que realizaron la pericia no son estudiantes de la USAL, sino investigadores contratados del Estudio salmantino, y que Manuel López incluso es “famoso” por competir en ironhacks.
Respecto a no hacerlo in situ, y aunque reconoce que “cuanto más cerca estés de los equipos, más fácil” es realizar la pericia, en el caso del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, empleado en dichas elecciones) no era tan relevante porque se alojaba en servidores de Amazon.
Además, destaca que han utilizado toda la información existente y en la que también se basó, por ejemplo, la pericia de la OEA. Y por ello han podido descubrir que el proceso estuvo “lleno de irregularidades” -señalando más, incluso, que el propio informe de la OEA-. De hecho, Juan Manuel Corchado llega a afirmar que han detectado “anomalías, negligencias que no son propias de un proceso electoral”, pero tras analizarlas han determinado que dichas irregularidades “no han provocado manipulación alguna en los datos que pudiera cambiar el sentido del voto y de las elecciones”.
El director de Bisite repite que “en ningún caso” han encontrado manipulación, aunque sí muchos errores, y también indica que su informe es “objetivo, técnico e independiente” y no entra a valorar otros aspectos como sí hizo el de la OEA. “Nosotros no hacemos un juicio político, hacemos un juicio exactamente técnico de lo que ha pasado”, sentencia.
Finalmente, Juan Manuel Corchado reitera que el trabajo realizado por el Bisite es “ímprobo” y que él y sus colaboradores han estado trabajando “días y noches juntos”, realizando el trabajo “que se nos ha pedido”, por lo que no han llegado a analizar si hubo manipulación de las actas, como dice la OEA. “Eso queda fuera de nuestro trabajo”, ha puntualizado.
Críticas por parte de la oposición, que califican el informe de “trucho” y a la USAL de “instituto”
El informe ha suscitado una gran polémica en Bolivia, donde la oposición ha acusado a Juan Manuel Corchado y al Bisite -concretamente, al Deep Tech Lab del mismo- de realizar el informe “a distancia”, el “alto” coste que tuvo la realización del informe -31.000 dólares americanos - así como que solo analizase uno de los cuatro componentes que abordó “la auditoría integral” de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como recoge el diario boliviano El Deber.
Eso sí, tal y como recoge teleSURtv.net, esas acusaciones se han realizado “sin presentar ninguna prueba” y con el ánimo de volver a desestabilizar Bolivia, tal y como ha afirmado el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien además, como recoge elDiario.es, ha remarcado que Corchado y equipo del Bisite fueron los elegidos para realizar el informe después de imponerse en una “convocatoria pública”.
Esto no ha sido suficiente para la oposición. Comunidad Ciudadana, principal fuerza opositora, ha calificado a la Universidad de Salamanca de “instituto” y cree que el informe realizado por Corchado y el Bisite no pueden sustituir al realizado por la OEA, puesto que se trata de un informe “trucho” (falso) y “sin base científica”. Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha llamado a la movilización el próximo 6 de agosto, fecha de las fiestas patrias, en protesta y rechazo al informe, y han indicado estar "alerta" por si el expresidente Evo Morales vuelve al poder tras esta pericia.
¿Qué pasó en Bolivia en 2019?
El 20 de octubre de 2019, Bolivia celebraba elecciones elegir al presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período entre 2020 y 2025. Pero ya desde un inicio hubo protestas por parte de la oposición, puesto que acusaba al entonces presidentes, Evo Morales, de haber cometido fraude electoral después de que se interrumpiera el recuento cuando pasaba el 83% que, si bien le daba la victoria, le obligaba a acudir a una segunda vuelta. Finalmente, y tras la reanudación, Morales logró la diferencia suficiente para no tener que celebrar más comicios.
Días después, y aunque el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció la victoria de Morales, dos informes de la OEA -en la que Estados Unidos siempre ha contado con gran poder-, uno de ellos realizado antes del anuncio de los resultados oficiales y otro emitido posteriormente, hablaban de supuestas irregularidades en el recuento de votos.
Esto provocó más protestas y reclamos por parte de la oposición, hasta que finalmente Evo Morales anunció, el 10 de noviembre, que se repetirían las elecciones con la renovación completa del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en ese momento comenzaba un intento de golpe de estado, puesto que la policía y el ejército se alineaban con la oposición.
Evo Morales anunciaba su renuncia a la presidencia de Bolivia para, el día 12 de noviembre, refugiarse en México, que le dio asilo político ante la complicada situación que estaba viviendo en Bolivia y que podía acabar con su detención. A su vez, Jeanine Áñez, hasta entonces senadora y militante de Unidad Democrática, se autoproclamaba “presidenta interina de Bolivia”. Posteriormente, el Congreso de Bolivia aprobaba por unanimidad anular las elecciones para realizar nuevos comicios.
Sin embargo, The Wasthington Post publicaba, ya en febrero de 2020, un estudio del ‘Monkey Cage’ -formado por investigadores del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts)- que aseguraba que la OEA no había presentado evidencias suficientes para hablar de fraude y señalaba que, por evidencias estadísticas, los comicios podían ser perfectamente legales.
No sería, eso sí, hasta un año después de su exilio, el 11 de noviembre de 2020, cuando Evo Morales regresaría a Bolivia junto a su vicepresidente y varios de sus ministros. Esto fue posible gracias a que Luis Arce, quien fuera uno de sus ministros, se hizo con la victoria en las elecciones generales celebradas en octubre de este mismo año, tomando posesión unos días antes, el 7 de noviembre.
Ya en este 2021, Jeanine Áñez fue detenida en marzo acusada de los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración”. También fueron arrestados cuatro de sus ministros, y todos ellos fueron mandados a prisión preventiva durante cuatro meses por el llamado caso ‘Golpe de Estado’. A Áñez también se le acusa de genocidio por las masacres de Sacaba y Senkata
El 12 de julio, cuatro meses después de su arresto, un juez ordenaba que la ex presidenta interina debería continuar en prisión, y ratificaba que su prisión preventiva se extendía dos meses más. Curiosamente, unos días después, ha sido cuando ha surgido toda la polémica en torno al informe firmado por Corchado y dos miembros de su equipo de Bisite.
