La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), presentó este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el informe ‘El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España’, una investigación que plantea la necesidad de reconocer el Derecho al Cuidado como derecho social y de consolidar los cuidados de larga duración como cuarto pilar del Estado del bienestar.
El estudio, tal y como informa la agencia Ical, analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la suficiencia de los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.
Las conclusiones de este estudio, tal y como expusieron Nacho Álvarez y Jorge Uxó, codirectores del mismo, se basan en que los cuidados de larga duración deben estar en el centro del Estado del bienestar y no pueden seguir entendiéndose como una responsabilidad privada o familiar, sino como un derecho social y una cuestión esencial para la cohesión social, la igualdad y la economía. Además, se demuestra que se han producido avances importantes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero se advierte de que su consolidación sigue incompleta.
Entre 2017 y 2025, las prestaciones del sistema se duplicaron y, desde 2015, el denominado “limbo de la dependencia” se redujo en más de un 70%. Sin embargo, persisten plazos de acceso cercanos al año y una brecha de cuidados del 72,4% entre las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria, y del 63,1% entre quienes presentan limitaciones severas.
Por otra parte, se subrayó también la inversión en dependencia. En este sentido, el informe estima que, en 2023, cada euro destinado a prestaciones de dependencia generó alrededor de 1,6 euros de impacto sobre el PIB. Además, cerca de la mitad del gasto inicial retornó a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales.
Así, para reducir la brecha de cuidados, se propone una hoja de ruta basada en inversión sostenida, coordinación entre administraciones, estándares comunes, refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, profesionalización del sector y un modelo centrado en la persona.
De cara a 2030, estima que reforzar el SAAD exigiría aumentar la inversión en torno a 0,6 puntos del PIB, con un efecto potencial de cerca de 430.000 nuevos empleos y un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB. El estudio reconoce que el SAAD experimentó avances significativos en los últimos años. A finales de 2025, las administraciones autonómicas reconocieron a 1.726.288 personas en situación de dependencia. De ellas, 1.610.266 recibían ya 2.274.461 prestaciones de servicio o económicas.
Pese a estos avances, el estudio advierte que el sistema mantiene limitaciones estructurales. El proceso de acceso al SAAD sigue tardando, de media, cerca de un año, frente al plazo legal de seis meses. Esta demora, unida a la insuficiente intensidad de algunos servicios y a la persistencia de desigualdades territoriales, impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo. En este sentido, el informe estima que el 72,4% de las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria no recibe atención efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
