La Facultad de Derecho ha acogido este jueves la inauguración del primer Congreso para promover la Cultura de Defensa, que ha contado con la participación del Ministerio de Defensa, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Los ponentes se dividen en un perfil de carácter eminentemente técnico, que van a explicar las acciones que llevan a cabo las diferentes administraciones en materia de seguridad y defensa, y por otra parte, expertos de la USAL abordarán el apartado jurídico con las garantías que deben tener los ciudadanos, por ejemplo, con la protección de datos de carácter personal, en las redes sociales o en la regulación de los algoritmos en la toma de decisiones.
La actividad está dirigida por Daniel Terrón, quien explicaba a SALAMANCA24HORAS que “Hemos pasado de una seguridad física a una seguridad basada en cuestiones de carácter informático”, por ello, se trata de una “una preocupación clara y manifiesta” para las administraciones “ya que un ataque tecnológico a cualquier servicio central supone un perjuicio de difícil o imposible reparación; garantizar la seguridad de los archivos de las administraciones públicas es absolutamente fundamental”.
Por ello, una parte de estas jornadas busca promover la reserva voluntaria de los ciudadanos, trasladando que adoptando determinadas medidas sencillas de realizar, se puede ayudar a garantizar la seguridad en las redes. Daniel Terrón ponía algunos ejemplos: “Desde cuestiones tan sencillas como poner contraseñas lo más complicadas posible, tener cuidado con la protección de datos, tener cuidado con la información que ponemos en redes sociales y difundir que las nuevas tecnologías conllevan responsabilidades de las que no siempre somos conscientes”.
Sobre las posibles vulnerabilidades en materia de ciberseguridad en las administraciones españolas, explicaba que estas “dedican esfuerzos ímprobos a tapar todas las brechas de seguridad con las que se van encontrando, de hecho están contratando personal civil para realizar funciones por su especialización”. “La Administración es plenamente consciente de los problemas que supondrían las brechas de seguridad, sobre todo de la información, y pone los medios para remediarlos”, concluía.
