El presidente de la Junta de Castilla y León ha presidido esta mañana la firma de un pacto entre las nueve universidades -cuatro públicas y cinco privadas- y la Consejería de Educación que ordenará los estudios universitarios, grados y másteres, que se ofertarán en la Comunidad durante los próximos tres cursos académicos, una vez que superen los requisitos de implantación que exige el ordenamiento jurídico.
Según ha destacado el presidente, el objetivo de este pacto, el primero sobre la oferta de estudios universitarios que se alcanza en España, es ofrecer un mapa de titulaciones más eficiente y competitivo, que aproveche al máximo las potencialidades de la Comunidad y se ajuste a las necesidades de los sectores productivos, en definitiva: una mapa en el que cada universidad oferte estudios de calidad, atractivos y sostenibles, buscando su especialización inteligente.
En la configuración del nuevo mapa se ha tomado como referencia la demanda de profesionales que reclamará la sociedad en el futuro, partiendo de una visión de conjunto del Sistema Universitario de Castilla y León, pero teniendo en consideración también las características propias de cada universidad y cada campus. La idea es que cada universidad ofrezca estudios de calidad y que, en algunos casos, esos sean de referencia nacional e internacional, especialmente si se trata de aquellos que guardan estrecha relación con las peculiaridades del entorno social y económico de cada campus.
Como elementos comunes de este pacto, las nueve universidades de la Comunidad se han comprometido a que, en el caso de se mantenga la normativa vigente estatal sobre el 3+2, no solicitarán la verificación ni la implantación de grados de tres años, salvo que sean de carácter novedoso, tanto en la denominación como en el contenido, o que exista una petición unánime de todas ellas, sean públicas o privadas. De este modo, no podrá haber en Castilla y León un grado de tres años en una universidad y el mismo grado de cuatro años en otra, lo que significa que se evitará todo tipo de competencia desleal derivada de este factor.
Asimismo, los rectores de las universidades de la Comunidad y la Consejería de Educación han asumido promover la modificación de la Ley de Universidades para, como ya tienen otras comunidades autónomas, asegurar, a través de un preciso catálogo de infracciones, sanciones y una inspección permanente ad hoc, el cumplimiento de un marco normativo aplicable.
Este pacto se sustenta en dos acuerdos: uno de la Junta con las universidades públicas y otro con las universidades privadas.
Acuerdo con las universidades públicas
El consejero de Educación, Fernando Rey, el rector de la Universidad de Salamanca; Daniel Hernández Ruipérez; el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José; el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, y el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, han suscrito el acuerdo por el cual las cuatro universidades públicas se comprometen a no solicitar la verificación ni implantación de nuevos grados hasta la finalización del curso 2018-2019, si bien, podrán solicitar la oferta de másteres que figuran en el anexo del acuerdo durante los tres próximos cursos académicos. De esta manera, el resto de postgrados y grados que deseen implantar, hasta el curso académico 2018-2019, se realizará siempre que exista el consenso unánime de los cuatro rectores y la Consejería de Educación. Una vez al año se examinará la creación de nuevos grados y másteres con esta metodología de trabajo.
Otro punto de este acuerdo es el compromiso que adoptan las cuatro universidades públicas de crear un consorcio, que se materializará en una red común de estudios universitarios semipresenciales y a distancia, a partir del curso 2017-2018. Algunas de ellas ya han empezado a trabajar en este sentido, pero las cuatro universidades acuerdan poner en común, con el apoyo de la Consejería de Educación, diversos elementos centrales, como la plataforma tecnológica, el propio modelo de este tipo de estudios o su promoción en el exterior.
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid también han acordado crear, antes del 1 de octubre de 2017, un nuevo programa de estudios de postgrado estratégicos. El acuerdo pone de manifiesto que la clave del crecimiento de las universidades públicas no está, actualmente, tanto en los grados, sino en los postgrados. Su valor estratégico dependerá, entre otros criterios, de la capacidad de atracción de alumnado de la Comunidad, del país y también a nivel internacional; del prestigio científico; de la capacidad de aumentar la empleabilidad de los estudiantes; de su relación con las fortalezas de cada universidad y campus, así como de sus vínculos con el concreto entorno social y económico.
En cuanto a aquellos grados que tienen un número desproporcionadamente bajo de alumnos, las universidades públicas de la Comunidad elaborarán y aplicarán un plan de viabilidad antes del 31 de octubre de 2016, que deberá de ser presentado ante la Consejería de Educación, como fecha límite, el 1 de enero de 2017. El cumplimiento de los objetivos de dichos planes será revisado por la Consejería de Educación con anterioridad al tercer trimestre de 2019. Así, antes del 31 de enero de 2020, la Consejería de Educación elaborará un Informe de situación sobre los estudios de grado con una desproporcionada baja matrícula y propondrá las medidas que corresponda.
Acuerdo con las universidades privadas
El segundo acuerdo, con las cinco universidades privadas, ha sido rubricado por la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez; la vicerrectora de Ordenación Académica e Investigación, Mª Concepción Albarrán Fernández -en representación de la rectora de la Universidad Católica de Ávila, Mª del Rosario Sáez Yuguero-; la rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Imelda Rodríguez Escanciano; el rector de la IE University, Salvador Carmona Moreno; el rector de la Universidad Isabel I de Castilla, Alberto Gómez Barahona, y el consejero de Educación, Fernando Rey. Todos los firmantes se han comprometido a que hasta la finalización del curso 2018-2019 ?durante los próximos tres cursos- solo podrán solicitar la verificación e implantación de las titulaciones que figuran en el anexo del acuerdo.
Las universidades privadas se someten a un distinto régimen de autorización que las públicas, entre otras razones porque, en el caso de las primeras, el coste de su implantación -se estima que un nuevo grado cuesta de media algo más de 1,5 millones de euros- lo asumen sus titulares, sin que cueste nada a la Administración, mientras que en las públicas es sufragado íntegramente por la Junta. Sin embargo, su crecimiento ordenado permitirá contar con un sistema universitario en Castilla y León razonable. En este sentido, Fernando Rey, quiso agradecer a las universidades privadas su voluntad de consenso y de suscribir este acuerdo que les ofrece un marco de seguridad y confianza, al tiempo que limita su legítimo deseo de crecimiento ?al que jurídicamente tienen, en principio, derecho?.
