Una de las reformas que quiere acometer el Gobierno de Pedro Sánchez es el de las universidades. Principalmente, dos son los motivos que han llevado al Ejecutivo central a tomar esta decisión: la proliferación de nuevas universidades privadas -desde 1998 no se crea ninguna universidad pública en España- y el aumento de la oferta de estudios en modalidad online o no presencial.
El primero de los aspectos es un tema de discusión recurrente. En los últimos 10 años han sido diez los centros privados de educación superior que se han creado además de haberse potenciado muchos de los ya existentes. Sin embargo, una gran mayoría de estas universidades privadas apenas ofrecen estudios de grado, centrándose en el posgrado (másteres y cursos universitarios), por lo que muchos las han llegado a tildar de “chiringuitos” a la par que han advertido de su baja calidad real en los estudios básicos y en la investigación, ya que apenan destinan recursos para ello.
En lo referente a la no presencialidad, vertiente que ya estaba en crecimiento antes de la pandemia y que se ha visto notablemente aumentada tras la misma, la idea es dotarla también de la misma calidad que puede llegar a tener la enseñanza presencial. De hecho, el borrador de Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Universidades recoge que se antoja necesaria una nueva regulación que permita que la “gestión de las estructuras universitarias se extienda a las nuevas modalidades de universidad que están emergiendo relacionadas con la docencia virtual o no presencial, y que, por su propia naturaleza, comportan que su estudiantado pueda residir en cualquier lugar de España o del extranjero”.
Así, en ese borrador de Real Decreto, que es público y que puede consultar todo el mundo, se establecen una serie de requisitos que deberán cumplir todas las universidades para conservar esa distinción. Si bien todavía es un proyecto y no hay nada concretado, sí que deja entrever una idea de por dónde irán los criterios de obligado cumplimiento para todos los centros universitarios.
Y ambas universidades charras, la de Salamanca y la Pontificia, podrían estar en problemas, ya que según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Cataluña, ninguna de las dos cumple los mínimos exigidos para mantener el calificativo de “universidades”. De hecho, la USAL ni siquiera cumple los requisitos actuales fijados en la Ley de Universidades de 2012 que promulgó José Antonio Wert y que, precisamente, ahora se quiere revocar por “laxa”.
Unos requisitos no complicados de ejecutar pero que sólo cumplirían 12 universidades
Es curioso que apenas 18 de las 91 universidades de España, entre las que sí se encuentra la UPSA, cumplan los cinco requisitos actuales, que versan sobre la oferta docente mínima (que todas las universidades de España sí cumplen), el ratio mínimo necesario entre profesorado y alumnado, el porcentaje mínimo de PDI doctor, a tiempo completo y permanente (este criterio no se aplica para las universidades privadas).
El proyecto de Real Decreto en el que trabaja el Ministerio de Universidades aumenta los requisitos exigidos. En resumen, aquellos que tratan sobre la oferta docente (actualmente sólo hay uno) aumentan a seis; se añade un conjunto de cinco requisitos sobre la actividad investigadora; y, los que versan sobre la plantilla del PDI, uno desaparece, otro se relaja, un tercero se mantiene y un cuarto se extiende a las universidades privadas.
En el momento que se apruebe este Real Decreto, si nada cambia, sólo 12 de las 91 universidades españolas, y ninguna de las salmantinas, cumplirían los requisitos. Pero es que si se contemplasen aquellas disposiciones para los centros adscritos, apenas cuatro centros universitarios podrían seguir manteniendo dicho calificativo.
¿Dónde falla la USAL? ¿Y la UPSA?
Los requisitos que han de cumplirse ya así como los que se aplicarán en el futuro se pueden dividir en tres grandes grupos según las exigencias que tratan: sobre la oferta docente, sobre la actividad investigadora y sobre el PDI.
En lo que a la oferta docente se refiere, en estos momentos sólo se exige que las universidades ofrezcan, como mínimo, ocho títulos oficiales, ya sean de grado o máster universitario. Los nuevos requisitos establecen lo siguiente:
- Ofrecer, como mínimo, 10 títulos oficiales de grado. Tanto la USAL como la UPSA sí cumplen.
- Ofrecer, como mínimo, 6 títulos oficiales de máster universitario. Tanto la USAL como la UPSA sí cumplen.
- Ofrecer, como mínimo, 3 programas oficiales de doctorado. La USAL sí cumple, pero la UPSA no, ya que actualmente ofrece dos programas. Debería aumentar su propuesta en un programa.
- El conjunto de la oferta oficial debe cubrir, como mínimo, 3 de las 5 ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura). Tanto la USAL como la UPSA sí cumplen.
- El estudiantado de grado debe constituir, como mínimo, el 50% del total del estudiantado que cursa estudios oficiales. Tanto la USAL como la UPSA sí cumplen.
- El estudiantado de formación permanente (no oficial) no puede superar el doble del estudiantado que cursa estudios oficiales. Tanto la USAL como la UPSA sí cumplen.
En cuando a la oferta investigadora, actualmente no hay requisitos establecidos. La nueva normativa, de fijarse tal y como se prevé, establecerá lo siguiente:
- Dedicar al menos un 5% de presupuesto a programas propios de investigación. La USAL sí cumple; sobre la UPSA no hay datos públicos.
- Presentar anualmente al menos 5 propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales, al menos una de las cuales de carácter internacional. No hay datos públicos, ni de la USAL ni de la UPSA.
- Obtener la concesión de al menos 5 proyectos al cabo de 5 años. La USAL sí cumple, pero no la UPSA, ya que no tiene proyectos de I+D concedidos. Debería lograr los cinco mínimos.
- Acumular al menos 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 profesores equivalentes a tiempo completo (PDI-ETC). La USAL cumple (de hecho, junto a la ULE, es la única de toda Castilla y León); la UPSA no, ya que tiene, de media, 1,5 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 PDI-ETC.
- Al menos el 60% del conjunto del PDI doctor debe contar con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios). Los datos no son públicos, pero el estudio estima que la USAL sí cumple, mientras que la UPSA no, ya que tendría la mitad de lo exigido (30,4%).
Por último, ya actualmente se deben cumplir unos requisitos sobre el PDI y su cualificación. En concreto, se ha de contar al menos con 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales; el PDI doctor, computado en ETC, debe ser al menos el 50% en grado, el 70% en máster y el 100% en doctorado; en las universidades públicas (como la USAL), el personal docente e investigador con contrato laboral temporal no puede superar el 40% de la plantilla docente; y al menos el 60% del profesorado debe ejercer sus funciones a tiempo completo.
Según el Observatorio, el tercero de esos puntos, el que habla de la temporalidad, ya es incumplido actualmente por la Universidad de Salamanca, pese a que está vigente desde 2007. En concreto, la USAL tendría el 44,5% de su PDI contratado de manera temporal, por lo que se excedería en un 4,5%. Un porcentaje fácil de reducir, más teniendo en cuenta los diversos planes que está desarrollando el actual equipo rectoral. Pero lo cierto es que, por el momento, se supera lo máximo permitido.
En el caso de aprobarse el Decreto-ley, tres seguirían siendo los requisitos exigidos:
- Contar al menos con 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales. Tanto USAL como UPSA lo cumplen, si bien la Pontificia está en el límite.
- El PDI doctor, computado en ETC, debe ser al menos el 50% en grado y máster, y el 100% en doctorado. Ambas universidades salmantinas lo cumplen sobradamente.
- El personal con contrato laboral temporal no puede exceder el 40% de la plantilla docente. La UPSA sí cumpliría este requisito, pero la USAL no, como se ha comentado anteriormente.
- En el Proyecto desaparece el requisito de que al menos el 60% del total del PDI ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo. Esta exigencia ha estado presente desde 1991 y está vigente a día de hoy. Parece que no sería un requisito a cumplir, pero en el caso de que sí, tanto USAL como UPSA superarían el mínimo.
La USAL podría adaptarse para cumplir los requisitos en los cinco años de margen
Tal y como puede deducirse del estudio del Observatorio del Sistema Universitario, muy pocos centros, apenas 12, cumplirían los nuevos requisitos que fijaría la nueva Ley de Universidades. Entre esos 12 campus no estaría ninguno de Salamanca, si bien ambas universidades tienen en su mano adaptarse en los cinco años que daría de margen la normativa para cumplimentar los requerimientos.
De hecho, el vicerrector de Profesorado, José María Díaz Mínguez, indicaba a SALAMANCA24HORAS que los datos ofrecidos por el informe podrían no ser del todo correctos, ya que la Ley Orgánica del Sistema Universitario no discrimina sobre si los profesores asociados a las ciencias de la salud se excluyen de estos porcentajes, como siempre se ha hecho.
Asimismo, recuerda que, por el momento, el borrador publicado por el Ministerio de Universidades es “un dossier de trabajo, no un anteproyecto de Ley”. No obstante, fuentes universitarias han asegurado a este medio que, en el caso de aprobarse una legislación similar al borrador, no habría problemas en realizar las adaptaciones pertinentes en pos de mejorar y adaptarse.
Los centros adscritos de la USAL tampoco cumplirían dos de los nuevos requisitos
Se da la circunstancia de que, si se tienen en cuenta los centros adscritos, la USAL tampoco cumpliría otros de los requisitos. Si bien los datos al respecto o no son públicos o no se pueden saber con claridad, el informe del OSU señala que la Universidad de Salamanca tendría que aumentar su PDI doctor, que debe de ser al menos del 50% en grado y máster y el 100% en doctorado.
Según los datos ofrecidos, la USAL tendría, en sus centros adscritos (en su conjunto), un 24,6% de PDI doctor. Es decir, que existiría un déficit a corregir notable, si bien estos datos tampoco pueden ser del todo correctos dada la poca transparencia que existe en todo el sistema universitario acerca de los centros adscritos.
Lo mismo ocurre con el estudiantado de formación permanente, que no podrá superar el doble del alumnado que curse estudios oficiales. Según los datos del estudio, la USAL tampoco daría cumplimiento a este objetivo.
En total, se fijarían seis nuevas obligaciones: que el estudiantado de formación permanente (no oficial) no supere el doble del estudiantado que cursa estudios oficiales; presentar anualmente al menos 5 propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales, al menos una de las cuales de carácter internacional; obtener la concesión de al menos 5 proyectos al cabo de 5 años; acumular al menos 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 profesores equivalentes a tiempo completo (PDI-ETC); que al menos 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 profesores equivalentes a tiempo completo (PDI-ETC); contar al menos con 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales; que el PDI doctor debe ser al menos el 50% en grado y máster y el 100% en doctorado; y que personal con contrato laboral temporal no puede exceder el 40% de la plantilla docente.
Cabe recordar que la USAL tiene cuatro centros adscritos: la Escuela de Pilotos Adventia, en Salamanca; las Escuelas Universitarias de Enfermería de Ávila y Zamora; y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora.
"Ahora se aprecian los recortes"
Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) valoraba a través de una nota que "las 76 universidades que forman parte de CRUE comparten la filosofía del proyecto de Real Decreto" del Ministerio, y recuerdan que los centros tienen cinco años para adaptarse a él.
Respecto a la temporalidad de las plantillas, la CRUE manifestaba que “se aprecian ahora y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica”, ya que entonces se aplicaron medidas “que aún no se han revertido”.
De hecho, lamentan que la tasa de reposición impuesta desde hace más de una década sea “extremadamente restrictiva” porque aquel personal que se ha jubilado, tanto PDI como PAS, no ha podido ser sustituido. “Este es uno de los principales motivos por los que ahora hay universidades públicas que no cumplirían ese requisito relativo a la plantilla de PDI”, entre los que se podría incluir la USAL.
CRUE también recuerda que lleva años reclamando la “eliminación total” de esa tasa de reposición para que las universidades públicas, en el marco de su autonomía y responsabilidad, decidan qué necesidades reales deben cubrir para cumplir con su desempeño.
En otros aspectos, como es el caso de la cualificación del PDI o de la actividad investigadora, consideran que es importante resaltar que tanto los requisitos exigidos en el Real Decreto como los indicadores utilizados en este informe algunos informes para la medición del grado de cumplimiento actual de la futura norma “deben precisarse con más claridad”. En este sentido, las simulaciones que CRUE hizo en su día dan como resultado un grado de cumplimiento mucho mayor de estos requisitos por una gran mayoría de las universidades españolas.
