Las organizaciones agrarias Asaja Castilla y León y la Alianza UPA-COAG se concentrarán este jueves ante el Ministerio de Agricultura en Madrid para reclamar al Gobierno medidas urgentes de control sobre las importaciones de cereal de Ucrania. El objetivo principal es que la próxima renovación del acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Ucrania incluya el establecimiento de cupos que eviten la distorsión de precios en el mercado nacional, una situación que, aseguran, ha afectado gravemente al sector durante los últimos tres años.
Donaciano Dujo, presidente autonómico de Asaja, Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, y Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG, han coincidido en señalar, según recoge la Agencia Ical, que sin cupos a las importaciones de cereal ucraniano, el sector cerealista nacional, y especialmente el de Castilla y León —que representa el 40% de la producción española—, está abocado a la "ruina".
Los líderes agrarios han criticado duramente la pasividad del ministro de Agricultura, Luis Planas, lamentando que aún no se haya pronunciado sobre las peticiones trasladadas ayer en el Consejo Asesor Agrario. Acusan al ministro de "mirar hacia otro lado" ante los problemas del campo, una actitud que, según ellos, ya se vio con el aumento de la protección del lobo en el Lespres o con la ausencia de regadíos en el Plan Hidrológico Nacional.
Lorenzo Rivera, de COAG, lamentó que "el principal problema de los agricultores es que el Gobierno no quiere reconocer este problema". Añadió: "Nosotros consideramos que las importaciones son necesarias para cubrir las necesidades nacionales, pero no para distorsionar los precios, y de la misma manera tampoco nos oponemos a que Ucrania reciba ayudas, lo único que denunciamos es que los pagamos siempre somos los mismos".
Rivera argumentó que la falta de rentabilidad de las explotaciones de cereales se agrava año tras año debido al incremento de los costes de producción y la caída de los precios del cereal. Advirtió que la crisis del sector cerealista, sumada a las malas noticias de la remolacha con el cierre de la planta de La Bañeza, hacen que la situación del campo en Castilla y León sea cada vez más "difícil".
Donaciano Dujo, de Asaja, explicó que los gastos de producción rondan los 800 euros por hectárea. Con los precios actuales, se necesitan alcanzar los 4.000 kilos por hectárea para cubrir los costes. Dado que la producción media de cereales en Castilla y León es de 3.000 kilos, "la rentabilidad media en un año bueno como este, en el que la Comunidad puede alcanzar los ocho millones de toneladas, la rentabilidad es una miseria de unos 20 euros por hectárea". Dujo lamentó: "Este verano unos cosecharemos y otros harán el agosto", trasladando el desánimo del sector y reclamando al Gobierno ayudas directas para la compra de fertilizantes que compensen la subida de precios provocada por los aranceles de la UE a las importaciones de Rusia y Bielorrusia.
Por su parte, Aurelio González, de UPA, denunció que la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple, con el agravante de que "los mismos que nos venden los abonos son los que nos compran el cereal". Advirtió que la situación es preocupante y que en los últimos 20 años se han abandonado en España más de un millón de hectáreas de cultivo de cereal.
González concluyó explicando que los cupos son necesarios para los cereales de Ucrania, poniendo como ejemplo el trigo duro, variedad que sí tiene limitaciones de importación y donde los precios no se ven distorsionados. Finalmente, reclamó al Gobierno una ayuda directa de 100 euros por hectárea para los cerealistas mientras se encuentra una solución definitiva a la situación actual.
