El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva relación de 27 beneficiarios de ayudas directas destinadas a agricultores y apicultores profesionales y no profesionales afectados por los grandes incendios de este verano. El montante total de esta nueva aprobación asciende a 129.665 euros.
La subvención tiene como objetivo principal compensar las pérdidas de producción agrícola y la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en las zonas damnificadas, así como proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las áreas afectadas.
De los 27 beneficiarios, cuatro son agricultores profesionales que recibirán la ayuda mínima establecida de 5.500 euros. El resto, compuesto por 21 apicultores y dos agricultores, han presentado las declaraciones responsables necesarias para la valoración de los daños en función de los baremos previamente establecidos por la administración autonómica.
Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, aprobado el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha dado luz verde a 758 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,9 millones de euros.
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de 462 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a las familias que fueron desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios forestales.
Esta medida, que forma parte del Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas, ha destinado ya 1.665.000 euros para un total de 3.330 familias beneficiarias.
La ayuda de 500 euros se concederá a unidades familiares o propietarios que cumplan alguno de los siguientes supuestos: estar empadronado en una de las localidades desalojadas, ser propietario de una vivienda en dichas localidades, o haber sido desalojado de la localidad y estar emparentado hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en ella. Las localidades en cuestión son aquellas cuya evacuación fue determinada por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
