Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han arbitrado una instrucción conjunta mediante la que se establece una vía de colaboración para mejorar los procedimientos de concentración parcelaria y la protección y conservación de los valores naturales, ecológicos y recreativos de las vías pecuarias y los montes de utilidad pública.
Con el propósito de presentar y explicar el referido documento, formalizado por ambos departamentos de la Junta de Castilla y León el pasado 3 de abril, hoy se ha celebrado en el PRAE (Propuestas Ambientales Educativas), una jornada formativa que ha contado con la participación de 120 técnicos que, pertenecientes a los Servicios Centrales y Territoriales de ambas consejerías, medios propios de la Administración y empresas, participan en estos procesos administrativos en Castilla y León.
La colaboración y coordinación es fundamental para asegurar la mejora en los trámites burocráticos, especialmente cuando se trata de procesos tan complejos como el de la concentración parcelaria, donde se busca la competitividad agraria y la defensa y protección de los recursos naturales, al exigir el respeto total a los valores ecológicos, paisajísticos y ambientales de las zonas de actuación, entre los que se incluyen las vías pecuarias y los montes catalogados de utilidad pública.
La instrucción elaborada por los dos departamentos de la Junta pretende mejorar la planificación y coordinación en la gestión de los condicionantes ambientales para agilizar la ejecución de las concentraciones parcelarias, que, respetando los valores ambientales, pretenden dinamizar las explotaciones mediante la reorganización de los suelos productivos agrarios.
Beneficios de la concentración parcelaria
En términos de competitividad, las áreas concentradas han demostrado importantes ventajas. Por ejemplo, se registra un ahorro de combustible que oscila entre el 25 % y el 30 %, así como una disminución significativa del 45 % en las distancias recorridas por los agricultores. Estas mejoras contribuyen de manera directa a la optimización de los recursos y a la reducción de costos operativos.
Desde una perspectiva socioeconómica, las zonas donde se han realizado concentraciones parcelarias presentan un incremento notable en la participación de jóvenes agricultores, siendo esta un 40 % superior en comparación con áreas no concentradas. Asimismo, los agricultores de estas regiones invierten un 36 % más en la modernización de sus explotaciones, lo que impulsa la innovación y el desarrollo agrícola en dichas áreas.
En el ámbito ambiental, estas intervenciones también muestran beneficios significativos. Se logra una reducción considerable de entre el 25 % y el 30 % en las emisiones de CO2, gracias a la optimización en el uso de maquinaria y equipos agrícolas. Esto no solo contribuye a mitigar el impacto ambiental, sino que también refuerza la sostenibilidad de las prácticas agrícolas en las zonas concentradas.
Las concentraciones parcelarias son iniciativas prioritarias para el Gobierno Autonómico dados sus beneficios económicos, sociales y medioambientales. De hecho, el compromiso para esta legislatura es, por un lado, iniciar la concentración parcelaria en 150.000 hectáreas, y, por otro, ejecutar obras de infraestructura rural en zonas concentradas en una superficie similar. A fecha de hoy, se ha alcanzado el primer objetivo en un 95% y el segundo en un 52%.
La superficie total de Castilla y León ronda los 9,4 millones de hectáreas, de las que 5,7 millones se consideran concentrables, y ya se ha finalizado la concentración en casi 4,3 millones. En estos momentos, desde la Consejería de Agricultura se está trabajando, en diferentes fases del proceso, en la concentración parcelaria de 120 zonas, con más de 335.000 hectáreas de superficie y casi 81.000 propietarios beneficiados.
Este esfuerzo organizativo se revela especialmente importante por cuanto la superficie de montes de utilidad pública supera 1.800.000 ha; y existen y se gestionan en la Comunidad en torno a 31.000 km de vías pecuarias, un patrimonio natural sin par en ninguna otra comunidad de España.
