La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han acordado constituir un frente común en defensa de una Política Agraria Común (PAC) fuerte, justa y adaptada a las necesidades del agricultor profesional. La decisión se ha adoptado tras la reunión del Consejo Agrario celebrada este martes, en la que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta de reforma presentada por la Comisión Europea.
La consejera ha calificado de “inadmisible” el recorte presupuestario que contempla el nuevo marco de la PAC, que podría suponer una disminución del 20 al 30 % en los fondos europeos destinados al campo. Según ha advertido, este planteamiento supone “un punto de inflexión” que compromete la estabilidad, la autonomía y el papel estratégico de la PAC en la agricultura comunitaria.
En ese contexto, González Corral ha reivindicado la “hoja de ruta” firmada el pasado mes de mayo con las OPAS y a la que se ha sumado también la Unión de Cooperativas Urcacyl. En ella se recogen las prioridades de Castilla y León: garantizar un presupuesto sólido, apoyar al agricultor profesional, fomentar el relevo generacional, asegurar precios justos, simplificar los trámites y promover inversiones clave, especialmente en regadíos.
Un modelo en riesgo
Uno de los puntos más críticos de la propuesta europea es la unificación de los actuales fondos FEAGA y FEADER en un nuevo fondo multisectorial, el Plan Nacional y Regional (PNR), que dejaría en manos de cada Estado miembro la definición de prioridades. Para la Junta, este cambio implica la pérdida de autonomía y la subordinación de la PAC a decisiones estatales, lo que podría aumentar las desigualdades entre territorios y generar competencia desleal entre agricultores europeos.
“El nuevo sistema rompe con los principios fundamentales de la PAC y amenaza la igualdad de condiciones entre agricultores de distintos países”, ha denunciado González Corral.
Asimismo, ha alertado del impacto directo que la propuesta tendría sobre los agricultores y ganaderos profesionales, al imponer ayudas decrecientes a partir de los 20.000 euros y establecer un límite máximo por beneficiario. Una medida que “choca frontalmente” con el modelo profesional de Castilla y León, ha subrayado.
Pérdida de apoyo al desarrollo rural
La consejera también ha expresado su preocupación por el retroceso en las políticas de desarrollo rural. La eliminación de un fondo específico para estas inversiones, como el apoyo a jóvenes agricultores o las infraestructuras de regadío, dejaría a estas actuaciones sujetas a la competencia con otros sectores por financiación, haciéndolas más vulnerables a recortes.
Reacción institucional y próximos pasos
Ante la gravedad de la situación, la Consejería ha solicitado junto a otras comunidades autónomas la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar la propuesta en profundidad. “España debe tener una postura firme en defensa del campo y de una PAC estructurada y suficiente”, ha insistido González Corral.
Además, Castilla y León aprovechará su presencia este semestre en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea para tejer alianzas y promover cambios en un texto que, tal y como está planteado, “es contrario al modelo agrario profesional que defendemos”, ha concluido.
