La Junta ha ordenado la suspensión de todas las autorizaciones de caza del lobo concedidas en cualquiera de las modalidades y que estaban en vigor ante la norma del Gobierno que eleva la protección del cánido con su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre). El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apuntó que el Ejecutivo autonómico da este paso “por el principio de precaución” y hasta tener el resultado de un informe solicitado a los Servicios Jurídicos de la Junta para “saber en qué quedan estos derechos concedidos a los ciudadanos”.
En este sentido, criticó que la orden, publicada este martes en el BOE, “no regula adecuadamente una situación transitoria”, ya que no entra a explicar “qué pasa con las autorizaciones dadas hasta ahora”. “Aún estamos sorprendidos y consternados por el daño en nuestro territorio”, espetó el consejero, quien insistió en que esta decisión causa “efectos perjudiciales” desde hoy mismo al medio rural y tiene en contra a “todo el arco político”. “Seguimos sin saber qué defiende el Ministerio para la Transición Ecológica, pero desde luego los intereses generales, no. No está en sintonía con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y el territorio. Pero habrá alguna organización ecologista que estará muy contenta, pero debe ser la única”, afeó.
Suárez-Quiñones manifestó que a día de hoy, en el marco de los cupos de caza del lobo, había “precintos en juego” que se traducen en recursos económicos para las entidades locales, empleo y regulación de las poblaciones “a favor de un equilibrio con la ganadería”.
Por el momento, ayer se mantuvieron dos reuniones telemáticas. Una primera con Galicia, Asturias y Cantabria, que junto a Castilla y León liderarán la lucha contra esta orden; y otra a la que se sumaron también los responsables nacionales de las opas. Todos ellos celebrarán la próxima semana un encuentro presencial para coordinar la presentación del recurso contencioso-administrativo y las medidas cautelares ante la Audiencia Nacional, si bien el consejero matizó este martes que cada comunidades presentará la suya de forma individual.
En este sentido, confió en que la tramitación de la Audiencia Nacional sea “rápida”, porque “cada día que pasa es un día de perjuicio para los ganaderos, para el medio rural y la Comunidad”.
Igualmente, descartó que se tomen decisiones en este ámbito por colores políticos, como deja clara la posición de Asturias o la oposición en Castilla y León, ambos del PSOE y en contra de la orden. “Hablamos de modos de vida. Es una cuestión de defensa del territorio. Son probabilidades ecologistas extremas que ponen en peligro el medio rural. Sin agricultores y ganaderos se acaban los pueblos”, alertó, para recordar que la Comunidad ya tiene experiencia en este sentido, pues al sur del Duero ya rige este régimen que ahora se extiende al norte. “Va a ser terriblemente dañino. Se ha equivocado de decisión porque perjudica el reto demográfico. Y tiene lugar en contra de todo el mundo”, reprochó el consejero.
Por último, señaló que hay contactos entre el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, y el ministro del ramo, Luis Planas, aunque tachó de “decepcionantes” las últimas declaraciones de éste después de que anteriormente se mostrara en contra. “Ahora parece que muestra comprensión con la orden. Supongo que habrá una disciplina en el Gobierno y cada ministro tomará una decisión que a lo mejor no coincide con la que querría”, concluyó Suárez-Quiñones.
