La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla y León ha valorado "muy positivamente" la decisión adoptada hoy por el Consejo de la Unión Europea de aprobar la rebaja definitiva de la protección del lobo en los estados miembros. Esta medida, que cambia el estatus del lobo de "estrictamente protegido" a simplemente "protegido", es una demanda histórica de UPA, que considera la situación en la región "insostenible para los ganaderos desde hace tiempo".
UPA recuerda que los ataques de lobos al ganado en Castilla y León han experimentado un crecimiento constante año tras año. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 3.973 ataques, lo que supone un aumento del 11% respecto a los 3.566 ataques de 2023. Este incremento es aún más pronunciado si se compara con 2022 (23% más con 3.237 ataques) y 2021 (47% más con 2.694 ataques).
La organización agraria considera fundamental que Europa "resuelva ahora el error" que, a su juicio, supuso la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) por parte del Gobierno español en 2021, una decisión aprobada en el Congreso de los Diputados.
La expansión descontrolada del lobo en Castilla y León se ha visto ratificada por el aumento de los daños, que han crecido un 40% desde 2021, año en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) incorporó al lobo al LESPRE. Este cambio normativo imposibilitó la gestión de la especie por parte de las comunidades autónomas al norte del Duero, donde la Directiva Europea sí lo permitía. Además, eliminó cualquier control poblacional por daños a la ganadería en toda la comunidad autónoma, incluyendo el sur del Duero, donde si bien la Directiva Hábitats no permitía la gestión directa, sí aceptaba controles excepcionales de ejemplares que el Gobierno de España suprimió en 2021.
Tal y como se plantea ahora desde el Consejo de la UE, la "continua expansión del lobo" hace imprescindible abordar la coexistencia de esta especie con las actividades ganaderas. UPA Castilla y León es clara al respecto: "No puede mantenerse por más tiempo que sean los ganaderos quienes sigan soportando la alimentación del lobo con su ganado, y por tanto con su patrimonio". Por ello, insisten en la necesidad de indemnizaciones justas a los afectados y el control de esta especie carnívora en toda la comunidad autónoma, tanto al norte como al sur del Duero.
UPA Castilla y León confía en que, tras esta decisión europea, las autoridades públicas españolas, especialmente el Ministerio de Transición Ecológica y las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas, se impliquen activamente en la defensa de la ganadería y los ganaderos en extensivo. El objetivo es protegerles de los cuantiosos daños que los lobos están causando, muy especialmente en Castilla y León.
Para la organización, solo de esta manera se logrará "valorizar de una vez por todas la ganadería extensiva y a los ganaderos", dignificando una actividad que "mejora la biodiversidad y desempeña un papel fundamental en la sociedad, la mejora del medio ambiente y la gestión del territorio".
