ASAJA Salamanca considera insuficiente la Orden HAC/484/2026, de 14 de mayo, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado, por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el sistema de módulos del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales durante 2025.
Aseguran desde la organización que “supone un reconocimiento parcial de la difícil situación del campo, pero resulta claramente insuficiente para responder a la realidad de las explotaciones salmantinas” y aunque valoran la reducción para ciertos sectores como la apicultura y del ovino y caprino, cuyo índice se reduce de 0,26 a 0,13, tanto de carne como de leche, de 0,13 a 0,09, así como la rebaja específica del índice de la castaña en la provincia de Salamanca, que pasa de 0,26 a 0,18, creen que no es suficiente.
“El problema es que se reconoce una parte del daño, pero se deja fuera a sectores y zonas que también han sufrido una campaña muy complicada. Salamanca no ha tenido dificultades aisladas en cuatro municipios; ha tenido una situación generalizada de sobrecostes, lluvias, retrasos de siembra, problemas de recolección y presión sanitaria en la ganadería”, señala ASAJA Salamanca.
La organización considera especialmente preocupante que no se haya tenido en cuenta la situación de cultivos como la patata, el maíz o los cereales de secano, afectados por bajos precios, elevados costes de producción, exceso de humedad, retrasos en las labores y dificultades en la recolección.
Por otra parte, reclama que se revise el tratamiento fiscal de producciones de regadío como la remolacha, así como de sectores ganaderos estratégicos para la economía provincial, como el vacuno y el porcino.
En el caso de la ganadería extensiva, la organización recuerda que a los elevados costes de alimentación, energía y sanidad animal se suman las restricciones derivadas de campañas de saneamiento, la incidencia de enfermedades como la lengua azul, el riesgo de nuevas patologías, los ataques de fauna silvestre y una creciente carga administrativa. “La reducción de módulos debe responder a la realidad económica de las explotaciones. No puede limitarse a una foto parcial cuando el agricultor y el ganadero llevan todo el año soportando costes más altos, incertidumbre, problemas climáticos y trabas sanitarias”, insisten.
