Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha mantenido una reunión con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León donde se ha trasladado la importancia de destinar las ayudas PAC a los que realmente realizan actividad agraria, es decir, a los Agricultores a Título Principal (ATP).
A la reunión, en la que han participado todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se ha aprovechado para apuntar que la PAC no puede ser la moneda de cambio de otras políticas sociales y se debe luchar porque sea una red de seguridad para los agricultores a título principal cuyos ingresos agrarios proceden mayoritariamente de la actividad agraria.
Todos los grupos parlamentarios se mostraron receptivos a la propuesta de UCCL apuntando que desde la Comisión se ha apoyado exigir que para el cobro de las ayudas PAC los beneficiarios deben de cumplir al menos dos de las tres exigencias para considerarse agricultor activo; estar afiliado a la Seguridad Social Agraria, tener al menos el 25% de ingresos agrarios con respecto a totales, o tener un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 €. En todo caso, UCCL propone que esta cuantía mínima se rebaje lo más posible, aproximándola a los 1.250 € actuales.
Del mismo modo, UCCL apunta a que los profesionales agrarios en la nueva PAC a partir de 2023 van a tener que cumplir unas mayores exigencias medioambientales que previsiblemente implicará mayores costes de producción y por tanto una menor rentabilidad en nuestras explotaciones. UCCL exige el principio de preferencia comunitaria que evite la pérdida de competitividad para los profesionales agrarios de España y ponernos en una situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas. “Es fundamental que las producciones que entran cumplan las mismas normas y exigencias que nos piden en la Unión Europea” anota UCCL.
Igualmente, UCCL aprovechó para trasladar la desprotección de los ganaderos de extensivo frente a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La consideración del lobo como especie protegida en Castilla y León supone que la comunidad autónoma no podrá realizar un control efectivo de la población de lobos de la comunidad, por lo que los ataques de lobos sobre la fauna doméstica se van a incrementar, suponiendo un retroceso para la ganadería en extensivo.
