Hasta 70.000 personas en Castilla y León, lo que representa el 3,9% de la población de la Comunidad, pasan a ser consideradas pobres tras descontar los gastos de hipoteca o alquiler de sus ingresos habituales. A nivel nacional, este fenómeno afecta a 1,95 millones de ciudadanos, situando la media del conjunto de España en el cinco por ciento.
Dentro de este grupo de afectados, el 12,7% sufre carencia material y social severa en la región, un porcentaje notablemente inferior al promedio estatal.
Aunque Castilla y León registra un desembolso residencial absoluto menor que otros territorios debido a sus salarios más bajos, el esfuerzo económico que deben realizar los hogares sigue siendo muy elevado, afectando especialmente a los inquilinos, a los jóvenes y a las economías más vulnerables. Por este motivo, se reclama que las políticas de protección pública integren el coste real de la vivienda para detectar con mayor precisión estas situaciones de pobreza invisible.
