El pleno de las Cortes aprobó hoy el proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, con 79 votos a favor, ninguno en contra y con la abstención de Podemos, con la que se da seguridad jurídica, se apuesta por una actividad sostenible y ordenada y se defiende al mundo rural.
Tras su aprobación, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, agradeció la colaboración de los grupos y aseguró que la Comunidad cuenta con una ley moderna que será referencia en España. También, los procuradores del PP Salvador Cruz y Ricardo Gavilanes y de Cs José Ignacio Delgado destacaron el amplio acuerdo con el que sale la nueva norma.
Al consenso se sumó el Grupo Socialista tras aprobarse una de sus demandas en relación al silencio administrativo en la resolución de los planes energéticos, que se había convertido en un escollo, por considerar que el cambio introducido vía enmienda por PP-Cs al texto original no daba seguridad jurídica.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación del texto, detalló las novedades de una ley que data de 1996 y se modificó en 2019 y subrayó que se adapta el marco normativo a la realidad social, a la vez que se da seguridad jurídica a las partes.
Suárez-Quiñones destacó la planificación para garantizar una caza ordenada y controlada, señaló el nuevo sistema para seguir las poblaciones de Castilla y León, destacó la figura de los cotos colaboradores y del cazador colaborador y se refirió a una serie de prohibiciones para el control de las especies.
Igualmente, señaló como novedad la denominada ‘Emergencia Cinegética’ para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies. “Es una ley que avanza sobre la conservación y con respeto a los ecosistemas”, afirmó.
El proyecto de ley incorpora 39 enmiendas en total de los grupos, una técnica y cinco transaccionales sobre las propuestas de Podemos, además a última hora el PP renunció, al anunciar el “sí” al voto particular socialista, a su enmienda para que el silencio administrativo en los planes cinegéticos fuera positivo, cuestionado por el PSOE. De esa manera, se mantiene el texto original de que si en tres meses la Consejería no resuelve será considerado negativo a dichos planes.
El procurador socialista José Luis Vázquez defendió el trabajo de su grupo para buscar el acuerdo, lamentó “el desdén” del PP a sus propuestas en la fase de Ponencia, señaló que recibió enmiendas de manera “inédita” por los grupos que sostienen a la Junta y se refirió a la enmienda que afecta al silencio administrativo, que no ha pasado por el filtro del Consejo Consultivo.
Vázquez argumentó que esa enmienda de PP-Cs genera una inseguridad jurídica al establecer el silencio como estimatorio cuando en el texto inicial, y avalado por el Consultivo, figura que en caso de silencio éste seria negativo a los planes de aprovechamiento cinegético, por lo que mantuvo el voto particular.
Diálogo, consenso y capacidad de entendimiento con los grupos defendió el popular Ricardo Gavilanes en la tramitación del proyecto de ley, que precisó que la administración tiene cuatro meses para resolver los planes cinegéticos y, de no ser así, ese silencio se entendería positivo. No obstante, indicó que si el acto fuera ilegal, la administración podrá paralizar de oficio el plan.
El popular anunció el “sí” al voto particular socialista en relación al silencio administrativo en aras al consenso seguido en la tramitación de la ley, pero rechazó lecciones de legalidad de quien ha indultado a los políticos independentistas catalanes del ‘proces’. “Damos por válido que podamos tener un texto legal, aunque no hemos conseguido todo lo que hemos demandado”, resumió el socialista.
La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, manifestó que no es consenso aceptar diez de 93 de las presentadas por su partido y defendió 83 propuestas vivas, como potenciar la figura de los celadores, reforzar la concesión de los permisos, titularidad de los cotos, participación de los cazadores con los mismos derechos y deberes o protección de personas que conviven en espacios cinegéticos.
“No podemos dar un cheque en blanco porque esta ley sufre de muchas carencias”, argumentó Domínguez, que aseguró que Podemos está a favor de la caza sostenible, mientras que el popular Salvador Cruz destacó el esfuerzo para llegar al acuerdo y con las cinco enmiendas transaccionales, pero afirmó que no podían recoger otras como eliminar la tórtola del anexo de especies cinegéticas.
Cruz aseguró que el cazador por regla general cumple y existen pocas sanciones, en respuesta a Domínguez que vio laxo este régimen, uno de los motivos por los que Podemos no votó a favor. El popular destacó la sustitución de regional por autonómico a propuesta del procurador de UPL, Luis Mariano Santos. “Estamos ante un proyecto de ley muy bueno, mejorado por todos”, concluyó.
En la explicación del voto, la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, afirmó que los cazadores siempre tendrán el apoyo de su partido dado que se trata de una actividad fundamental, que entronca con la tradición, cultura e idiosincracia de la Comunidad, para criticar a los ecologistas de los despachos y quienes les respaldan.
Como Vox, José Ignacio Delgado destacó que la caza generan casi 300 millones y que es un recurso para los pequeños municipios y para fijar población. “Lo digo sin complejos: viva la caza, viva los cazadores y viva Castilla y León”.
Por último, Suárez-Quiñones dio las gracias a todos los grupos por su espíritu de colaboración y mejora de una norma que calificó de moderna y que será referencia en el conjunto del país.
Contenido de la ley
La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión específicos.
Prevé la elaboración de una ‘Estrategia de la Caza de Castilla y León’, que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.
Asimismo, también regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de la actividad, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley.
Se creará una herramienta ‘Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León’, que utilizará todas las fuentes de información disponibles, y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.
También plantea las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.
En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución.
Respecto a los terrenos no cinegéticos, se elimina la figura del Refugio de Fauna, dada su prácticamente nula utilización, y por el hecho de existir actualmente otras figuras de protección establecidas en varias leyes del Patrimonio Natural de Castilla y León, que “cumplen sobradamente con los objetivos de aquella, que también ha quedado obsoleta”.
El proyecto de ley también establece los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y estatal. Estos períodos hábiles de caza podrán restringirse si las circunstancias así lo aconsejan en vía reglamentaria, pero no ampliarse.
También, establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública.
