La Fiscalía Superior de Castilla y León ha dictado el archivo definitivo de las diligencias de investigación penal abiertas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La investigación trataba de determinar si existió una "negligencia grave" en la gestión de los incendios del pasado verano, concretamente tras una denuncia particular centrada en el fuego que afectó a Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad.
El decreto de archivo, emitido tras las pesquisas iniciadas en septiembre de 2025, concluye de forma tajante que no existen indicios de responsabilidad penal atribuibles a los aforados. Según el documento del Ministerio Público, el operativo Infocal y el Plan Anual de Vigilancia funcionaron según lo previsto: se activaron los protocolos correctamente, se clasificaron los niveles de gravedad de forma adecuada y se movilizaron medios propios y refuerzos externos, como la UME y medios del Ministerio, de manera temprana y sostenida.
La Fiscalía subraya que la gestión de los recursos priorizó en todo momento la protección de vidas humanas, núcleos de población y espacios de alto valor ambiental. En este sentido, el texto aclara que no fue necesaria la declaración de "interés nacional" (nivel 3), ya que los refuerzos estatales fueron solicitados y atendidos con antelación suficiente. Asimismo, se descarta la aplicación de delitos como prevaricación, omisión del deber o delitos contra el medio ambiente, al no apreciarse dolo ni arbitrariedad en la actuación de los responsables políticos.
Finalmente, el organismo judicial recuerda que la responsabilidad penal es estrictamente personal y no puede derivarse del mero hecho de ocupar un cargo público. El escrito califica la denuncia original como una "discrepancia legítima" sobre la gestión política y operativa, pero insiste en que la vía penal no es el lugar para dirimir debates políticos ni para sustituir el control administrativo.
