La Junta de Castilla y León firmará el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para no perder financiación estatal. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cargado contra el Ministerio de Vivienda por imponer, a su juicio, nuevas condiciones económicas y retrasar la puesta en marcha de las ayudas. Antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, el consejero desveló que Castilla y León tendrá que aportar 152 millones de euros para acceder a los cerca de 228 millones que transferirá el Estado, un reparto que calificó directamente de “imposición”.
“El 26 va a ser un año perdido”, advirtió Suárez-Quiñones, quien criticó que el reparto de fondos llegan tarde y que los trámites administrativos retrasan durante meses la llegada real de ayudas, promociones y subvenciones.
Según explicó, el nuevo modelo cambia las reglas de financiación y obliga a las comunidades autónomas a asumir mucho más gasto que en anteriores planes. La relación económica pasa del 75-25 al 60-40, lo que supone que las autonomías tendrán que multiplicar su aportación respecto al periodo anterior. Pese al malestar, la Junta ha decidido adherirse al plan para garantizar que los ciudadanos de Castilla y León puedan beneficiarse de las ayudas estatales. “Queremos lo mejor para nuestros ciudadanos y todo lo que se aporte bien está”, aseguró el consejero. Además, Suárez-Quiñones quiso lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que la política de vivienda de la Comunidad no dependerá únicamente de Madrid. En este sentido, recordó que la Junta prevé destinar más de 300 millones de euros propios a vivienda durante esta legislatura.
El consejero también criticó las formas empleadas por el Ministerio durante la elaboración del plan, denunciando que las comunidades autónomas apenas participaron en la redacción del documento y que conocieron el texto definitivo directamente tras su publicación en el BOE. Otro punto a destacar es la posibilidad de declarar zonas tensionadas de vivienda, una medida que la Junta rechaza por considerar que reduce la oferta y encarece todavía más el alquiler. Suárez-Quiñones puso como ejemplo el caso de Cataluña y aseguró que estas políticas “han sido un fracaso”.
Finalmente, Castilla y León acabará firmando el plan estatal para no dejar escapar fondos destinados a vivienda, aunque mantiene un pulso abierto con el Gobierno central por el modelo de financiación y las nuevas medidas incluidas en el programa.
