La Junta adelanta otros 9,6 millones de euros a las 123 empresas concesionarias de las 240 concesiones administrativas que componen el servicio de transporte de viajeros por carretera para afrontar el déficit de explotación correspondiente al último trimestre del ejercicio 2023.
Con este cuarto anticipo, que prevé cubrir el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el Gobierno autonómico ha destinado más de 40 millones de euros al mantenimiento de este servicio público esencial, así como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan durante el presente año.
El primero de los anticipos fue aprobado en diciembre del pasado año por un importe de 5 millones de euros, destinados a las operadoras con un déficit superior a los 500.000 euros al cierre del 2022. El segundo, por la misma cuantía, fue autorizado en abril de 2023 y dirigido al resto de concesionarias. El tercer pago, por valor de 20,4 millones, fue aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 2 de noviembre, para hacer frente a los tres primeros trimestres del presente año. Y hoy se completa el cuarto y último anticipo, por 9,6 millones de euros.
El esfuerzo económico que realiza la Junta con el transporte público de viajeros por carretera, que superó los 38 millones de euros durante el ejercicio 2022, se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, y da cumplimiento al mandato que tiene de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental, tal y como recoge el artículo 10 de la Ley 9/2018 de 20 de diciembre, y, por ende, el mantenimiento del tejido empresarial y el empleo en el sector.
La necesidad de prestar el servicio público de transporte en las condiciones actuales, con más de un 63% de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año, y armonizarlo con las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de la Comunidad da lugar a un modelo que exige a la Administración autonómica asegurar la liquidez de las empresas concesionarias para mantener el 100 % de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes.
