La Junta de Castilla y León abonó sus facturas en 28,15 días, en el primer mes del año, lo que supone que cumplió con la normativa que establece un plazo máximo de 30 días para el pago de las obligaciones contraídas por los bienes o los servicios recibidos, cuando el conjunto de las administraciones autonómicas no lo hizo, ya que la media del pago medio a proveedores de las autonomías se situó en enero en 37,89 días.
Los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, recogidos por Ical, precisan que Castilla y León redujo el plazo para pagar sus facturas un 2,3 por ciento, respecto a los 28,15 días de diciembre, cuando el conjunto de las administraciones autonómicas lo elevaron un 24,2 por ciento, respecto a los 30,5 jornadas del último mes de 2023.
El informe precisa además que el plazo de abono de las facturas sanitarias por parte de Castilla y León se situó en los 24,47 días, un 27,9 por ciento menos que en diciembre (33,94); frente a un media para el conjunto autonómico de 42,28 días, donde el periodo medio de pago se elevó un 12,4 por ciento respecto al último mes de 2023 (37,6).
La Junta contuvo su deuda comercial y la situó en los 193,63 millones de euros, que reflejan una rebaja respecto al dato de diciembre del 38,09 por ciento, hasta representar el 0,26 por ciento de la economía de la Comunidad. La mayor parte correspondía a gasto sanitario, con 127,23 millones de euros. La deuda comercial de todas las comunidades sumó 4.474,31 millones de euros, un 35,6 por ciento menos, hasta el 0,29 por ciento del PIB.
Cabe destacar además que Castilla y León redujo su deuda no financiera considerablemente en enero, cuando ascendía a 429,7 millones de euros, con una merma del 45,65 por ciento respecto a diciembre, hasta el 0,58 por ciento del PIB regional. En el conjunto de las autonomías, se situó en los 11.193,98 millones, con una rebaja del 35,5 por ciento, hasta el 0,73 por ciento del PIB.
