La Junta de Castilla y León instará al Gobierno de España a incluir como punto central del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 6 de junio en Barcelona, un debate monográfico sobre la crisis de las infraestructuras energéticas, ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones. Así lo ha comunicado este el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Las propuestas de Castilla y León se debatirán en el Comité Preparatorio del próximo miércoles, 28 de mayo, donde se buscará un orden del día definitivo y consensuado para la Conferencia. González Gago ha subrayado la necesidad de abordar desafíos comunes y asuntos de calado político para alcanzar acuerdos efectivos que mejoren la vida de los ciudadanos y fortalezcan la cooperación interadministrativa.
Preocupación por las infraestructuras y servicios esenciales
La Junta considera "fundamental" alcanzar consensos sobre el futuro de estas infraestructuras estratégicas, especialmente a la luz de las "sucesivas crisis nacionales" que han afectado a los ciudadanos, como el apagón, los problemas en la red ferroviaria con la consiguiente merma en la calidad de los servicios de RENFE, los cortes de cobertura móvil, la supresión de paradas de autobús o la reducción en las frecuencias de trenes. Para la Administración autonómica, la coordinación entre el Estado y las comunidades es vital para asegurar la continuidad y seguridad de los servicios, así como para adaptarse a los retos tecnológicos y medioambientales sin perjudicar a la población.
Financiación autonómica y condonación de deuda en el foco
Otro de los puntos clave que Castilla y León propondrá es retomar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que sea "justo para todas las comunidades autónomas" y que contemple sus particularidades. Este asunto ya se trató en la última Conferencia de Presidentes a finales del año pasado, pero sin avances tangibles por parte del Gobierno. La Junta quiere recuperar este debate para impulsar la cohesión entre comunidades, incluyendo el estado de las entregas a cuenta.
De manera particular, Castilla y León también pedirá debatir sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. La Junta se opone a esta medida en los términos planteados por el Gobierno, al considerarla una "mutualización de la deuda entre todos los españoles" que no garantiza la igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades. Este tema, que no se abordó en la última Conferencia de Presidentes y se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es una prioridad para la Comunidad.
Control de fronteras, sanidad, educación y vivienda
Además, la Junta de Castilla y León propondrá abordar el control de las fronteras nacionales y la inmigración como competencias exclusivas del Estado, especialmente ante las preocupaciones surgidas por el anuncio de cesión de competencias en estas materias a ciertas comunidades autónomas. La Administración autonómica también volverá a poner sobre la mesa el déficit de personal sanitario (médicos y enfermeros), especialmente en determinadas especialidades.
Por su parte, el Gobierno de España ha adelantado dos propuestas: la educación y la vivienda. La Junta de Castilla y León considera aceptables estas propuestas y ve conveniente debatir sobre el sistema educativo español y su adaptación a la LOSU y la Ley Orgánica de Formación Profesional. En este punto, la Junta pedirá al Gobierno implicación en la financiación del modelo de educación gratuita de 0 a 3 años, que en Castilla y León es financiado al 100% por la Administración autonómica. En cuanto a la vivienda, la Junta estima oportuno alcanzar acuerdos para garantizar el acceso equitativo y afrontar desafíos como la subida de precios u ocupación de viviendas.
González Gago espera una buena acogida por parte del Ministerio y del resto de comunidades a las propuestas de Castilla y León, reiterando su deseo de que la Conferencia de Presidentes sea un "espacio de diálogo y consenso" que logre compromisos efectivos para la ciudadanía.
