El Gobierno autorizó este martes en la reunión del Consejo de Ministros la transferencia de 11,3 millones de euros a Castilla y León para la protección de las familias y la atención a la pobreza infantil. En concreto, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aprobó el reparto de 198,7 millones para cubrir las necesidades básicas en alimentación e higiene y para reforzar los servicios de ayuda a domicilio y de inserción social.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy hizo énfasis en que estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones, de los que 4,5 corresponden a Castilla y León, destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, con ese objetivo fijado por el ministro de combatir las situaciones de vulnerabilidad en estos hogares.
Asimismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. También para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otro de los objetivos del Ministerio es facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Un ejemplo es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares. Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares.
De igual forma, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones, de los cuales 1,4 corresponden a Castilla y León, para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Por otro lado, en esta inversión destacan los 108,7 millones, de los que 5,4 son para Castilla y León, que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.
La propuesta de reparto de esta inversión ya ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo próximamente, después de haber conseguido el primer visto bueno este martes.
