La Junta de Castilla y León ha intensificado su llamamiento al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que convoque de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Transportes. El objetivo principal de esta petición es que el Ejecutivo central escuche las objeciones y propuestas de los consejeros de todas las comunidades autónomas en relación con el controvertido Mapa Estatal de Transportes.
En el marco de una reciente reunión de directores generales de Transportes, en la que participó la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, se reiteró la profunda preocupación del gobierno autonómico por la "grave interferencia" que el borrador del mapa estatal supone para el avance y la implementación del mapa de transporte público de viajeros por carretera ya aprobado en la Comunidad (Decreto 34/2022 de 15 de septiembre).
La principal crítica de la Junta se centra en el impacto directo que el plan del Ministerio tendría en la conectividad de la región. Tal como ha denunciado Paredes, el Mapa Estatal de Transportes implicaría la eliminación de hasta 474 paradas de autobús en 346 municipios de Castilla y León. Esta medida, más allá de la cuestión de la financiación de los servicios, deterioraría significativamente la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos, especialmente en las áreas rurales y menos pobladas.
La directora general ha advertido además que la propuesta ministerial generaría "retrocesos y transbordos de viajeros" en las zonas limítrofes con otras comunidades autónomas, complicando los desplazamientos y afectando la cohesión territorial. En este sentido, Paredes ha sido contundente al solicitar al Ejecutivo central que "replantee este modelo, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y demográficas de Castilla y León", una comunidad extensa y con una importante dispersión poblacional.
Otro punto crucial planteado por la Junta es la necesidad de "garantizar la adecuada financiación de los servicios de transporte público" en caso de que el Estado pretenda delegar su gestión a las comunidades autónomas. Esta demanda ha sido compartida por otras regiones, lo que evidencia un malestar generalizado ante la falta de claridad y consenso en la propuesta del Ministerio.
Frente a la perspectiva de supresión de paradas defendida por el Ministerio, la Junta de Castilla y León ha reafirmado su apuesta por mantener el 100 % de las paradas actualmente existentes, a pesar de reconocer que el 90 % de las rutas son deficitarias. Esta postura subraya el compromiso del gobierno autonómico con la accesibilidad y la vertebración territorial, priorizando el servicio a los ciudadanos por encima de criterios puramente económicos.
En otro orden de asuntos, durante la reunión de directores generales también se abordó la inminente implantación del 'Billete único' a nivel nacional, prevista para el 1 de enero de 2026. La Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León expresó su preocupación ante la información recibida, que describe esta iniciativa no como un título de transporte unificado, sino como un programa de ayudas con una tarifa plana.
La principal inquietud de la Junta radica en la falta de coordinación con las comunidades autónomas en la implementación de este sistema, tanto desde el punto de vista tecnológico como en lo referente a la compensación a los operadores de transporte. Castilla y León ya se encuentra en un avanzado estado de desarrollo de su propia tarjeta única de transporte en toda la Comunidad, por lo que ha instado al Ministerio a tener en cuenta esta realidad y a analizar las particularidades de cada territorio para garantizar una integración efectiva y sin fricciones.
Laura Paredes insistió en la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "no actúe de forma unilateral", sino que busque un "consenso" con las comunidades autónomas en la definición e implementación de políticas de transporte que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y a la organización territorial de cada región. La convocatoria de la Conferencia Sectorial se presenta, para la Junta de Castilla y León, como el foro imprescindible para lograr este diálogo y alcanzar soluciones que beneficien a todos los territorios.
