El Consejo de Cuentas cerró el ejercicio 2022 con la aprobación de un total de 30 informes, cifra que supone el segundo mejor dato anual de toda la serie histórica de la institución, después del récord alcanzado en 2021 con 32 fiscalizaciones. Durante el presente mandato se han realizado un total de 95 informes, lo que representa el 35 por ciento de los 268 acumulados en los veinte años de existencia del órgano de control externo autonómico, según informó en un comunicado recogido por Ical.
El presidente de la institución, Mario Amilivia, compareció en ocho ocasiones en las Cortes de Castilla y León para la presentación de 36 fiscalizaciones, número que representa otro hito en la actividad del órgano de control.
Por otra parte, en este momento hay 21 informes aprobados pendientes de que la Comisión de Economía y Hacienda vuelva a convocar comparecencias, tras el paréntesis correspondiente a la tramitación de la normativa presupuestaria.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones que emite el Consejo de Cuentas, el reciente análisis referido a los informes de 2021 refleja un grado de aceptación por parte de las entidades fiscalizadas del 75 por ciento, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. Es la segunda mejor ratio alcanzada por el órgano de control externo después del 81 por ciento obtenido en el año 2020.
Situación actual de la fiscalización
A la espera de que las Cortes de Castilla y León aprueben el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2023 elaborado por el Consejo de Cuentas, la actividad prosigue en la actualidad con un total de 20 fiscalizaciones en proceso de elaboración, ocho correspondientes al sector público autonómico y otras 12 sobre las entidades locales de la Comunidad.
XX aniversario
Durante el año pasado, el Consejo de Cuentas celebró su vigésimo aniversario con la organización de diferentes actividades para continuar divulgando su actividad al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León. En el marco de la conmemoración, Mario Amilivia reiteró la necesidad de reformar la Ley reguladora del Consejo para este pueda aprobar su propio plan anual de fiscalizaciones sin depender, como ocurre en la actualidad, de la decisión última de las Cortes.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único de los órganos de control externo autonómicos que no tiene potestad para aprobar su propia programación de trabajo. Esta reivindicación, ya planteada a los grupos parlamentarios desde la anterior legislatura, forma parte de una propuesta de reformas normativas para avanzar en la independencia y autonomía orgánica y funcional de la institución al objeto de continuar mejorando el servicio que presta a los castellanos y leoneses.
Las modificaciones, conforme a los objetivos fijados en el Plan Estratégico del Consejo de Cuentas 2019-2022, se refieren también a aspectos como la duración del mandato de los consejeros, en coherencia con lo establecido en otros OCEX, o a la aplicación de un nuevo régimen para el personal que mejore las condiciones profesionales para facilitar la incorporación de nuevas plazas. Además, la propuesta de reformas normativas incorpora estímulos a la rendición de cuentas y a la reducción de sus plazos en el sector público local, en sintonía con la moción elevada por el Tribunal de Cuentas de España a las Cortes Generales.
