Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron durante el último año a un total de doce personas como presuntos responsables de delitos de falsedad documental, relacionados bien con fraudes en sus documentos de identificación –mediante alteración o simulación- o bien como autores de un delito de usurpación de estado civil.
Estas modalidades delictivas fueron detectadas tanto en trámites que afectan al ámbito privado como en trámites realizados en instituciones públicas. El grupo de investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Burgos desarticuló ya varios casos vinculados a irregularidades en contrataciones, poniendo en marcha investigaciones que contaron con la colaboración de organismos afectados, como el SEPE o la propia Seguridad Social.
Desde la Subdelegación del Gobierno ponen como ejemplo el caso que detectó al empleado de una empresa radicada en Burgos, que se encontraba trabajando de forma ilícita tras haber presentado documentación perteneciente a otra persona. El estudio y análisis del documento determinó su verdadera identidad. Al encontrarse en situación irregular en España, había presentado la tarjeta de identidad de un compatriota que sí disponía de autorización de residencia.
En otras ocasiones, en dependencias policiales se descubre que los documentos aportados en las solicitudes de permisos de residencia son falsos. También se han detectado fraudes al comprobar la identidad de las personas que acuden a la realización de los exámenes de nacionalidad por otras, que finalmente acaban detenidas por la comisión de un delito de falsedad documental.
Detrás de la mayoría de casos existe una organización criminal que percibe una importante cantidad económica por facilitar documentación ilegal, abusando de la vulnerabilidad del extranjero que necesita regularizar su situación. Estos documentos también son utilizados para la obtención de contratos laborales o apertura de cuentas bancarias que forman parte de un complejo entramado de extorsiones, dificultando el seguimiento y destino del pago efectuado por la víctima.
