Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un proxeneta en Valladolid por un presunto delito de explotación sexual y amenazas, que cobraba 100 euros semanales a dos mujeres en concepto de alquiler de vivienda y la mitad de las ganancias obtenidas por sus servicios sexuales. El hombre ejercía un “absoluto control” sobre las víctimas, a quienes solo dejaba salir para comprar comida, según informó en un comunicado el instituto armado.
Los hechos se comenzaron a investigar en octubre de 2023, cuando se localizó un piso en el que se ejercía la prostitución, regentado por un varón que se encargaba de publicar anuncios de alquiler de habitaciones en diferentes páginas web, entre ellas también en portales de servicios sexuales. Cuando las interesadas visitaban el inmueble, el individuo las comunicaba que debían ejercer la prostitución en el lugar con la obligación de entregarle 100 euros semanales por el alquiler y el 50 por ciento de las ganancias obtenidas de sus servicios sexuales.
Una de las víctimas, que era ajena completamente al mundo de la prostitución, se trasladó a Valladolid al creer haber encontrado un alquiler económico. Una vez comprobó las condiciones del arrendamiento y ya en la ciudad, se vio compelida a comenzar a ejercer la prostitución bajo el dominio absoluto del individuo, quien le retuvo su pasaporte, publicó los anuncios de servicios sexuales en webs habilitadas al efecto, fijó las tarifas a cobrar y se apoderó del total de lo ganado por la víctima, a quien obligó a estar disponible 24 horas al día y atender a clientes sin protección.
A otra de las mujeres, el varón la prometió convertirla en su protegida a cambio de servicios sexuales gratuitos con él. Le ofrecía ciertos privilegios que el resto de mujeres no tenían, como poder fijar sus propias tarifas y no retenerle la documentación personal, si bien las exigencias sexuales del varón llevaron a “menoscabar la autoestima y dignidad de la víctima”, a la que amenazaba y coaccionaba si la mujer se negaba.
Ambas mujeres fueron encerradas en la vivienda y no disponían de llaves del inmueble, con lo que debían solicitar permiso al individuo para salir a la calle y siempre bajo su supervisión y control, que era otorga únicamente para “adquirir víveres necesarios para subsistir”. Como consecuencia de la actuación policial, la operación culminó el pasado 1 de abril con la liberación de las dos mujeres y la detención del varón.
La investigación fue desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF) de Valladolid, que lleva a cabo una continua labor de control, monitorización y realización de inspecciones periódicas en clubs, domicilios y vía pública donde se desarrolla y ejerce la prostitución con la finalidad de detectar y en su caso liberar víctimas de explotación o trata de seres humanos. Su prioridad es la labor asistencial a las víctimas.
