La Policía Nacional detuvo a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración clandestina. A raíz de informaciones recibidas el pasado mes de diciembre de 2023 se inició una investigación en un municipio de la provincia de Valladolid, donde podrían encontrarse alojadas y explotadas ciudadanas extranjeras en una granja ovina.
Por parte de las unidades intervinientes -UCRIF de Valladolid y BPEF de Burgos- se realizaron diversas gestiones operativas de investigación que permitieron confirmar la existencia de, al menos, tres mujeres extranjeras en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido captadas para ser explotadas laboralmente en una finca de explotación ovina.
Por esto, se realizó una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid siendo detectadas dos trabajadoras en la explotación ganadera en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozaban la semi esclavitud, las cuales se alojaban hacinadas en condiciones de insalubridad en una infravivienda aneja a la granja, que carecía de calefacción, calentándose a través de una estufa de leña.
En relación con las condiciones impuestas a las víctimas, las mismas realizaban jornadas maratonianas, empezando la jornada a las 4 de la mañana y finalizando a las 18.30 horas, de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni vacaciones, teniendo que trabajar incluso cuando se encontraban enfermas, por un salario de 700 euros al mes.
Estas condiciones laborales “abusivas y desproporcionadas” eran soportadas por las trabajadoras por la promesa, realizada por este clan familiar, de la obtención de un contrato de trabajo a largo plazo que las permitiera poder regularizar su situación en España.
Así, en esas condiciones, permaneció una de las tres trabajadoras liberadas durante tres años, y que posteriormente tras reclamar el contrato prometido, fue desalojada con violencia de la explotación agraria. Sus explotadores eran tres integrantes de un clan familiar, quienes contaban con la colaboración de una cuarta mujer, que captaba a mujeres de su país para posteriormente introducirlas en la explotación ovina.
La ‘contratación’ de trabajadoras irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidas constituía un procedimiento habitual en el actuar de clan familiar, la explotación de la primera víctima data del año 2020, este modus operandi resultaba muy rentable para este clan familiar, ya que el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente.
Fuentes policiales explicaron, según recoge Ical, que durante la investigación ha resultado patente la situación de vulnerabilidad de las víctimas, extranjeras irregulares, sin domicilio ni estudios, careciendo de personas de confianza en España, en muchas ocasiones desconociendo el idioma y las Leyes vigentes, con cargas familiares en sus países de origen que les llevaba a tener que aceptar cualquier las condiciones impuestas.
A las mujeres víctimas identificadas, se les ofrecieron y proporcionaron todos los servicios y recursos disponibles de atención y protección especializados, en aras de garantizar su protección y seguridad.
