El segoviano José Luis Vázquez renunció este jueves a su acta de procurador por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes. La decisión del hasta ahora dirigente socialista se produce tras iniciarse un expediente para apartarlo del partido. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declaró ayer competente para investigar a Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019. El TSJ asume la parte de la investigación que afecta al exalcalde, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas, según informó el tribunal.
Vázquez presentó al registro de la Cámara, pasadas las 14.21 horas, su escrito de renuncia como procurador por la provincia de Segovia, documento consultado por Ical, después de que el PSOE de Castilla y León y su ejecutiva solicitaran a la Dirección Federal la suspensión cautelar de militancia y apartarlo de forma temporal de su cargo orgánico en el partido.
En paralelo, el PSOE de Carlos Martínez solicitó a Ferraz la apertura de un expediente para aclarar la situación de José Luis Vázquez, investigado por dos delitos durante su etapa de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Por un lado, la dirección autonómica espera que la suspensión cautelar se resuelva en las próximas horas, mientras el otro procedimiento que incluye la posibilidad de que Vázquez ofrezca sus explicaciones podría demorarse durante días, semanas y meses, según aclararon a Ical fuentes socialistas.
La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, aceptó la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y abrió una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.
El TSJ considera que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.
