La Junta de Castilla y León ha mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno de España de reducir de tres a dos años la duración máxima de los nombramientos de personal interino en las Administraciones Públicas. La medida, planteada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, busca endurecer los límites a la temporalidad y establecer sanciones para las administraciones que los incumplan.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, defendió que esta limitación “no tiene en cuenta la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”, especialmente en una comunidad con la extensión y dispersión poblacional de Castilla y León. Según explicó, los procesos selectivos derivados de una Oferta Pública de Empleo suelen superar el plazo de dos años, por lo que la propuesta estatal “resulta ineficiente para garantizar la correcta cobertura de los puestos públicos”.
Además, la Junta rechaza modificar la Ley de Transparencia para incluir sanciones vinculadas a la temporalidad, al considerar que este no es el marco normativo adecuado para regular cuestiones de contratación y gestión de personal. “La estabilidad en el empleo debe abordarse mediante la normativa laboral y administrativa específica, evitando duplicidades y conflictos normativos”, subrayó González Gago.
En cambio, el Ejecutivo autonómico sí se mostró favorable a la creación de un aplicativo informático que permita un mejor control y seguimiento de la temporalidad, y respaldó otras medidas de la Conferencia Sectorial, como el impulso a la transformación digital y la creación de una red interconectada de servicios de atención ciudadana.
