El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó este lunes de nuevo en el Senado la ley de amnistía y advirtió de que su Gobierno no se va a “callar” ya que consideró que la defensa de la unidad de España, de la igualdad y de la Constitución es “una obligación ética y moral” ante los ciudadanos de su comunidad y de esta nación.
En su turno de intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, Fernández Mañueco confirmó que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando por la unidad, la convivencia y la igualdad de todos los españoles. “La amnistía no tiene ningún beneficio para los gobernados y sí para Pedro Sánchez y sus socios”, aseguró.
Para el presidente de la Junta, que presentó a Castilla y León como “protagonista esencial de la unidad” de España desde los antiguos reinos de León y Castilla hace 800 años, la amnistía es “un primer paso para una reforma de la Constitución por la puerta de atrás”, por lo que apoyó el informe presentado en la Comisión del Senado.
Así, incidió en que ataca los principios de igualdad, al existir “delitos que se condenan en Castilla y León y se perdonan en Cataluña”; la libertad y solidaridad a favor de “los privilegios de unos pocos”, de lo que culpó a Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa, y rechazó que esa norma sirva para la reconciliación porque sostuvo que “se alienta el conflicto” dado que los independentistas no van a cejar en sus acciones ni se han arrepentido del procés.
Según el presidente castellano y leonés, con la amnistía se ataca el principio de igualdad de las personas y los territorios, la libertad y la solidaridad, que describió como el principio fundamental del Estado de las Autonomías. En este punto, censuró “el cheque regalo” de 15.000 millones de deuda que se pretenden condonar a Cataluña y los “cupos injustos e ilegales”, en referencia a una financiación singular para esta comunidad como pide Pere Aragonés.
Es por ello que indició en que una financiación singular para Cataluña también impactaría en el resto de comunidades y en la gestión de sus servicios públicos, donde volvió a recordar que los de Castilla y León están en los primeros lugares por los empleados públicos y por “una gestión eficaz” de la Junta.
“Hoy todos defendemos la Constitución y nos oponemos a esta infamia”, sostuvo Fernández Mañueco, para quien el presidente del Gobierno hace lo que dijo que no haría, lo que es “un fraude” sobre la reconciliación al realizar de “la necesidad virtud” para seguir en el poder. “Una amnistía por siete votos, una compraventa, un cambalache jurídico”, censuró.
Fernández Mañueco insistió en la critica al Gobierno por esta medida de gracia a los dirigentes del procés catalán y lamentó que Pedro Sánchez no trabaje para reforzar la unidad y lo que tienen en común los españoles. En este punto, puso también en valor la contribución al progreso de Cataluña de miles de castellanos y leoneses, “orgullosos de sus raíces, de la tierra de acogida y ser ser españoles”, pero que rechazan imposiciones nacionalistas.
“No nos vamos a callar, es una obligación ética y moral ante los castellanos y leoneses y España”, cerró su intervención, después de recordar las iniciativas aprobadas en las Cortes de Castilla y León en contra de la amnistía. “Hoy confirmo que vamos a trabajar por España, por la convivencia, la unidad y la igualdad”, remató.
Todos los presidentes del PP a una
En la Comisión, intervinieron, en orden al protocolo de aprobación de los estatutos de autonomía, los presidentes Pere Aragonés (Cataluña) y los ‘populares’ Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), María Guardiola (Extremadura), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), y Juan José Imbroda (Melilla).
Todos ellos expresaron el rechazo desde el Gobierno de sus comunidades a la ley de amnistía por entender que rompe el principio de igualdad, aniquila la solidaridad interterritorial, crea división y no reconciliación e impacta en la hacienda pública. Para estos dirigentes, el fin es “la amnistía a cambio de votos” para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.
La ofensiva de los presidentes autonómicos del PP fue replicada por el catalán Pere Aragonés, quien afirmó que “la amnistía es inevitable, como lo será el referéndum y una financiación singular” para Cataluña, ya que defendió que la Generalitat gestione todos los recursos que genera este territorio. Así, se refirió a un déficit fiscal crónico de 22.000 millones, que les “ahoga”, ya que son los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir.
Sobre una financiación singular y una supuesta independencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid replicó a Aragonés que corresponde a todos los españoles votar un referéndum porque la soberanía del estado es indivisible y subrayó que Cataluña echaría a andar como nación con una hipoteca de 342.000 millones, un 120 por ciento de su PIB.
Historia de éxito
Abrió el debate en la Comisión para presentar el informe acerca del contenido autonómico de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el senador del PP por León Antonio Silván, que valoró el ejercicio de responsabilidad y compromiso de los presidentes asistentes y “la tristeza” por la ausencia de los presidentes autonómicos socialistas y del Gobierno, a los que acusó de “desprecio” a la Cámara.
Silván sostuvo que la amnistía es inconstitucional y que el informe presentado es “demoledor” contra esta medida de gracia para los independentistas catalanes y aseguró que es una decisión personal de Pedro Sánchez para seguir en el poder. “El Grupo Popular va a seguir defendiendo con todos los medios la Constitución y el Estado de Derecho”, advirtió, para calificar de “historia de éxito” el Estado de las Autonomías.
“La amnistía supone un golpe mortal para la Constitución y el Estado de las Autonomías”, siguió Silván, que afirmó que “supone la humillación del Estado ante separatistas y golpistas en un chantaje”, a la vez que acusó a los socialistas de no anteponer los intereses generales al personal del presidente del Gobierno. “Sánchez necesita amnistiar a Sánchez”, resumió.
Fue replicado por el voto particular socialista que defendió el senador Javier Remírez, que sostuvo que el derecho de gracia está en la Constitución y no existe “colisión” con las competencias de las comunidades autónomas recogidas en sus estatutos de autonomía. “Entonces qué hacemos aquí”, se preguntó, para concluir que es “una instrumentalización del Senado por el Partido Popular”.
