La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de CERMI Castilla y León, Francisco Sardón, han firmado un nuevo acuerdo que se va a traducir en un avance más en derechos para las personas con discapacidad y en la garantía de atención que vienen prestando las entidades de la discapacidad. Tras la presentación de este acuerdo, la consejera ha presidido la reunión de la Sección de Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
Alicia García ha recordado que, en esta legislatura, la colaboración entre la Junta y CERMI en beneficio de las personas con discapacidad ha sido frecuente y fructífera, con actuaciones tan significativas como la aprobación, por primera vez en Castilla y León, de un ?Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad?, que está permitiendo implantar un nuevo modelo de atención a la discapacidad centrado en las necesidades de las personas durante toda su vida y a través de una atención integral. La aportación de CERMI ha sido fundamental también en la Asistencia Personal, la atención temprana a la población infantil, un nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental, el impulso a una Ley de Perros de Asistencia o a la Ley de Voluntariado, la aprobación por unanimidad de las Cortes de la Ley de la Red de Protección o el trabajo por el empleo para las personas con discapacidad.
En esta ocasión, Junta y CERMI unen sus esfuerzos en beneficio de las personas con discapacidad al firmar un acuerdo que revisa y mejora aspectos fundamentales de la normativa de precios públicos y de la normativa sobre prestaciones de dependencia. Estas mejoras van a reportar importantes beneficios para las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de derechos y de atención como en el económico, ya que el conjunto de medidas contempladas en este acuerdo supondrá un ahorro para las personas con discapacidad o dependientes de 3,85 millones de euros. La Junta incrementará el gasto en 3,7 millones de euros. Este acuerdo entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y CERMI Castilla y León refuerza el liderazgo nacional de Castilla y León en atención a la dependencia y a la discapacidad.
Mejoras relacionadas con la normativa de precios públicos
Se reduce un 20 % la aportación de usuario para el servicio de centro de díaa las personas con discapacidad y mayores que vivan solos y que residen en domicilio y no tienen cónyuge o pareja de hecho. Se calcula que, en 2019, se beneficiarán de esta medida más de 1.500 personas, que se van a ahorrar unos 900.000 euros.
Se elimina el cómputo del patrimonio para las personas con discapacidad menores de 65 años con el fin de potenciar su autonomía, ya que hasta ahora computaba el 3 % en edades comprendidas entre 35 y 64 años. Además, pasará a computarse solo el 70 % de sus ingresos por trabajo, ya que hasta ahora se computaba todo. Esta mejora está orientada a incentivar el empleo y dar seguridad económica a las personas con discapacidad. De estas medidas se beneficiarán unas 550 personas y supondrá un ahorro para ellas de 450.000 euros.
Aumentan las cantidades de dinero disponibles para actividades de integración social. Se establece un dinero para gastos personales para las personas con discapacidad que viven en centros que garantice su inserción social. Esta mejora simplifica el sistema actual e incrementa el dinero disponible, cuestión muy relevante ya que las personas con discapacidad deben realizar muchas actividades fuera del entorno residencial y con esta medida la Junta evita que una posible carencia de medios económicos sea un impedimento pare ello. En concreto, a las personas en viviendas se les garantizará siempre el 45 % de la cuantía mensual de la pensión mínima de jubilación (PMJ) para mayores de 65 años con cónyuge no a cargo -hasta ahora solo una parte alcanzaba este nivel, mientras que otras estaban entre el 20 % y el 37 % de la PMJ-; a los que están en residencias y que no cuentan con progenitores que reciban beneficios fiscales por su causa se les garantiza el 37 % -hasta ahora la mayoría estaba entre el 20 y el 25 % de la PMJ-. Se calcula que, en 2019, unas 3.000 personas podrían beneficiarse de estas medidas, que les ahorrarán 2,5 millones de euros.
Alicia García ha señalado que estas mejoras tendrán su reflejo en una modificación del decreto de precios públicos con el texto pactado, que empieza a tramitarse con carácter inmediato para que sea efectiva antes de terminar la legislatura.
Mejoras relacionadas con la normativa sobre prestaciones de dependencia
Se incrementa un 5,6% el importe de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y se equiparan las cuantías máximas en cada grado a las previstas por la normativa estatal. Con esto, se elimina totalmente la reducción adicional que hizo Castilla y León del 15 % en 2012. En 2018, se hizo ya un primer incremento que se completa ahora con esta medida. Se estima que, ya en enero, se beneficiarán casi 25.000 personas, que verán incrementada la cuantía que reciben actualmente en al menos un 5,6 % Esto supondrá un coste para la Junta de 2,5 millones de euros.
Se incrementa el porcentaje del coste del servicio que abona la Junta en la prestación vinculada. Esto implica que, en servicios en los que no se agota la totalidad de la prestación vinculada -ayuda a domicilio, centro de día, promoción de la autonomía personal-, se reducirá la aportación del usuario. Se estima que unas 4.000 personas se beneficiarán de esta mejora, con un valor de medio millón de euros.
Se incrementan las compatibilidades entre prestaciones. Castilla y León ya está a la cabeza de España en este aspecto. Ahora, gracias a este acuerdo, aún más. Para las personas que no viven en residencia, la prestación vinculada que actualmente es compatible con la prestación económica de cuidados en el entorno familiar se podrá destinar, a partir de ahora, a cualquier servicio -ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal, centro de día, asistencia personal-. Hasta ahora, los servicios a los que se podía dedicar esta prestación estaban limitados a promoción y asistencia personal para menores de 18 años y, en los mayores, no se podía dedicar a asistencia personal. Según la ley estatal, los efectos de las prestaciones se producen a partir de la resolución o del vencimiento del plazo. En Castilla y León, en las modificaciones entre servicios o de cuidados en el entorno familiar a servicios ya se reconocían efectos desde la fecha de la solicitud. A partir de ahora, se extiende este mismo beneficio a todas las modificaciones de prestación incluida la de cuidados en el entorno familiar. Se estima que unas 2.000 personas podrían beneficiarse de estas medidas, cuyo coste para la Administración rondará los 700.000 euros.
Estas mejoras de la normativa sobre prestaciones de dependencia serán publicadas mediante Orden el próximo jueves día 31 de enero y tendrán efecto desde el día 1 de enero de 2019.
