La Junta de Castilla y León cuenta en la actualidad con 92.307 empleados públicos. De ellos, 67.872 son mujeres, lo que representa más del 73 % del total. En el sector de Sanidad, esta cifra asciende a más del 79 %, mientras que en Educación supera el 72 %, y en Administración General roza el 65 %.
Para poner en contexto estos datos en el panorama nacional, conviene revisar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en julio de 2023 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde se recoge que las mujeres representan en el conjunto de administraciones públicas el 59 %, en las autonómicas el 69 %, y en la Estatal solo el 32 %.
En todo caso, González Gago ha remarcado en su intervención que “la importancia de la mujer en la Administración de la Junta de Castilla y León no es solo una cuestión cuantitativa, sino, sobre todo, cualitativa. Prueba de ello es que, en puestos de responsabilidad de jefe o jefa de Servicio, el porcentaje de mujeres se sitúa en más del 50 %, con 341 mujeres”.
Si la situación actual es la que se acaba de describir, las previsiones para el futuro inmediato indican que la presencia de la mujer en la Junta seguirá incrementándose. En las últimas convocatorias de cuerpos generales, de acceso libre y promoción interna, el 75 % de solicitudes de acceso fueron presentadas por mujeres, y el 69 % de las nuevas incorporaciones fueron, del mismo modo, mujeres.
Más de 20 años de políticas de igualdad en el sector público
Durante las dos últimas décadas, la Junta de Castilla y León se ha revelado como un referente de las políticas de igualdad a nivel europeo, lo cual tiene un reflejo tanto en el seno de la Administración autonómica como en el conjunto de la sociedad. Con la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en 2003, Castilla y León se convertía en la primera región europea que aprobaba una norma legal de este tipo, con un amplísimo consenso político y social.
Al margen de todas las implicaciones sociales e históricas de esta ley, el texto sirvió como marco legal para el desarrollo de los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Administración de Castilla y León, al dejar sentadas las bases para permitir, a través de la aprobación de normas posteriores, dos asuntos principales: la solicitud del permiso de paternidad y la introducción de cuestiones específicas relativas a la problemática de la mujer en el temario de acceso a la Administración autonómica.
En 2023, la Junta de Castilla y León aprobó, mediante Decreto-Ley, la jornada laboral de 35 horas semanales para empleados públicos de la Administración autonómica, que, en palabras de González Gago, es “sin duda una de las medidas más destacables del Gobierno de Castilla y León en materia de conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo”.
Plan Estratégico de Igualdad
En la actualidad, la Consejería de la Presidencia sigue impulsando la presencia y el bienestar de las empleadas públicas a través de dos herramientas fundamentales: el I Plan de Igualdad para las Empleadas y Empleados Públicos y la implicación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) en la formación y difusión de buenas prácticas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Ambas iniciativas vienen recogidas en el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 de la Junta de Castilla y León.
El I Plan de Igualdad para las Empleadas y Empleados Públicos incluye importantes medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración autonómica. Entre ellas, destaca el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, publicado a finales de 2023, o la reciente redacción del protocolo de movilidad interadministrativa para casos de violencia contra la mujer, que se llevará próximamente a la Comisión Técnica de Igualdad para su negociación.
Además, González Gago ha anunciado que, a partir de los próximos meses y en el marco de este Plan de Igualdad, se van a realizar varias acciones de formación para los 119 futuros orientadores y los 205 miembros de los comités de orientación que se constituirán en cada Delegación Territorial y en cada Gerencia de Salud de Área, y que se encargarán de proporcionar apoyo y asistencia a quien crea encontrarse ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo.
Por su parte, la Eclap, en consonancia con los objetivos de este plan, creó en 2023 un programa específico en el que se incluyeron diversas actividades formativas para prevenir situaciones de discriminación por razón de sexo. Desde entonces, se han llevado a cabo nueve cursos, dos jornadas y tres seminarios con esta temática, con 1.200 asistentes. En este 2024, y para continuar con esta línea, habrá una convocatoria específica de 14 cursos bajo esta temática, lo que supone un aumento del 64 % respecto a la oferta de 2023.
