La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, al exconsejero de Gesturcal Juan Carlos Sacristán y a seis empresarios por su implicación en el ‘caso Perla Negra’.
En concreto, a Rafael Delgado le ha impuesto dos años y seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos’, así tres años y seis meses de inhabilitación por otro delito de prevaricación administrativa. En ambos casos, según el fallo, se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. No obstante, ha sido absuelto, por prescripción, del delito de revelación de secretos en el caso del edificio de Arroyo, y del mismo delito en lo referente al polígono de Portillo. También ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias, fraude a la Administración, cohecho, organización criminal y de negociación o actividad prohibida.
Por su parte, la también exviceconsejera de Economía Begoña Hernández tendrá que cumplir una condena de dos años y dos meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, tras aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas. Además, ha sido absuelta de los mismos delitos que Delgado.
Mientras tanto, al que fuera consejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán se le condena a dos años, un mes y quince días de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que se le absuelve de fraude a la Administración, revelación de secretos, malversación de caudales y tráfico de influencias. En este caso también se ha aplicado el atenuante de la dilación indebida.
Tras veinte sesiones de juicio entre febrero y mayo de 2024 y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Audiencia Provincial ha dado a conocer su fallo por las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse.
En una sentencia de más de trescientas páginas, también se condena a los empresarios Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3; Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, así como a Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo.
Así, Martín Giraldo y Román Montes han sido condenados a once meses de prisión por un delito de violación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias. En ambos casos se les ha aplicado un atenuante por dilaciones indebidas. Por su parte, a Luis Antonio Recio se le ha impuesto una pena de siete meses de prisión y una multa de 1,47 millones de euros por tráfico de influencias. En estas este caso también se aplica un atenuante por dilaciones indebidas.
Como en el caso de Luis Antonio Recio, los empresarios Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González han sido condenados a siete meses de prisión por tráfico de influencias y también tendrán que abonar una multa de 1,47 millones de euros.
Indemnizaciones
En concepto de responsabilidad civil también se condena a Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes al pago de algo más de cuatro millones y medio de euros a la Junta, abono que tendrá que realizarse a partes iguales. Por el mismo concepto, pero por la compra de los terrenos del polígono de Portillo, Delgado, junto con los empresarios Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González, tendrán que indemnizar a la Administración Autonómica con algo más de dos millones de euros.
La sentencia, según se explica en el fallo, no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Durante el juicio, las penas más elevadas solicitadas por la Fiscalía correspondían a Delgado y Hernández y Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. Al primero le imputaba un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
La Fiscalía Provincial de Valladolid cifró en más de 23,4 millones de euros el fraude. En su escrito de calificación argumentó que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.
Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.
