El pacto de gobierno entre el PSOE y ERC para condonar el 20 por ciento de la deuda a Cataluña se convierte en la punta de lanza de la reforma pergeñada por el Ministerio de Hacienda, del sistema de financiación autonómica, lo que hace saltar todas las alarmas en la Junta en la defensa de los intereses de Castilla y León.
“Nuestro objetivo como Castilla y León es muy claro: garantizar la igualdad entre todos los españoles”, traslada el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el 11 de diciembre, cuando, después de año y medio, se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para repartir los objetivos de déficit entre las autonomías. Sale “preocupado”, igual que entra.
La Junta insiste una y otra vez durante todo el año en la necesidad de contar con un nuevo modelo, que tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica amén del envejecimiento poblacional, ya que el actual lleva caducado desde 2014 y no cubre ni el gasto de los servicios básicos esenciales.
La celebración de las elecciones en España el 23 de julio y unos resultados inciertos para la conformación de bloques lleva a Carriedo a advertir de que la reforma “no debe entrar en la negociación de un nuevo gobierno”. Cae en saco roto.
La Comunidad lucha de nuevo contra la bilateralidad en las negociaciones que exige se lleven al foro común, que está en el Consejo de Política Fisal y Financiera, y reclama una y otra vez su convocatoria.
El nuevo Gobierno garantiza que la quita se extenderá a todas las autonomías, y con la fórmula que establece, los técnicos de Hacienda calculan que Castilla y León se beneficiaría de 2.612 millones, frente a los 15.000 millones de Cataluña.
Además, el vallisoletano ministro de Transportes, Óscar Puente, se abre a traspasar Cercanías a las autonomías, al igual que Rodalies para Cataluña, y Carriedo responde a comienzos de diciembre que es “irrenunciable de todo punto la igualdad de trato” en el reparto de las inversiones en España, más allá de la asunción de competencias. El portavoz insiste en que si se garantizan importantes inversiones para otras autonomías, como los 6.000 millones y un peso conforme al porcentaje de peso del PIB, para Cataluña, que “se garanticen también para Castilla y León”, que tiene más territorio y extensión ferroviaria.
El tema protagoniza también la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 3 de octubre, en el debate sobre el estado de la Comunidad, donde ofrece tres pactos, uno de ellos sobre financiación autonómica. El PSOE se aleja de cualquier acuerdo.
El jefe del Ejecutivo regional acude también al senado el 19 de octubre, con otros barones del PP, y advierte de que la Comunidad acudirá a la vía judicial si existe una condonación de la deuda para algunos o si se dan “favoritismos” en la financiación autonómica porque eso supone un “agravio” para la Comunidad.
El 2 de noviembre, Mañueco anuncia que judicializará la condonación de 15.000 millones a Cataluña, y el 4 de noviembre, se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario para extablecer medidas contra el acuerdo, ya que se autoriza al consejero de la Presidencia a acudir al TC, la Audiencia y el TS para parar la amnistía así como la condonación.
La situación que vive la Comunidad queda dibujada en un informe del 9 de noviembre del Consejo de Cuentas, en el que se revela que Castilla y León tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros y de 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un seis por ciento de promedio de gasto social no este cubierto.
Presupuestos y fiscalidad
Por otra parte, el año 2023 comienza con la toma en consideración por el pleno de las Cortes, de una proposición de ley, el 12 de enero, para aponer en marcha las medidas tributarias de la ley de acompañamiento, tras la votación fallida en la sesión de aprobación de los presupuestos de 2023 (fue tumbada en las Cortes de Castilla y León con los votos mayoritarios del PP y Vox, después de que ambos partidos votaran por error a favor de las enmiendas del PSOE). El pleno de las Cortes del 22 de febrero aprueba la proposición. Mañueco defiende su apuesta por rebajar la presión fiscal a los ciudadanos y remarca que en IRPF se aborda la campaña con “la fiscalidad más baja de la historia”, con 20 deducciones y un ahorro previsto de 120 millones.
Mañueco y Carriedo exigen una y otra vez a lo largo del año las ayudas al funcionamiento para Zamora, al igual que para Soria y que esta fiscalidad diferenciada alcance su máxima intensidad.
A nivel presupuestario, Castilla y León hace sus deberes, pero decide no tramitar las cuentas de 2024, a la espera de los datos de los presupuestos estatales, el objetivo de déficit, las entregas a cuenta que recibirá la Comunidad, y la liquidación del modelo de 2022, que se conocen en el CPFF del 11 de diciembre (9.334 millones, una cifra récord), para tener “certeza” y ajustar al máximo las cifras. En cuanto se conocen, se inicia la tramitación y se remite al CES, la ley de acompañamiento con tres nuevas rebajas fiscales.
En otro orden de cosas, la gestión de fondos de la UE sigue generando polémica, y el 7 de mayo, cabe recordar que los consejeros de Hacienda en funciones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP -Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta-, así como los candidatos ‘populares’ a la presidencia de Aragón, Valencia, Cantabria, Canarias, Extremadura, Baleares, La Rioja y Melilla remiten una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que reclaman que la Adenda al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se negocie con los gobiernos autonómicos.
