Año de elecciones municipales y generales en las que el Partido Popular ganó músculo territorial e institucional en Castilla y León, mientras que se alejaron y tensionaron más las relaciones con el PSOE por la alianza con Vox, por la gestión del Gobierno en la Comunidad y por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes que han facilitado su tercera investidura.
El año comenzó con la polémica por el denominado protocolo de medidas antiaborto presentado en enero por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), que recibió dos requerimientos por parte del Gobierno y cuya existencia negó siempre Alfonso Fernández Mañueco, y termina con las protestas del PP y de Vox -éste ante las sedes del PSOE- en contra de la amnistía y por la igualdad de los españoles.
Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco rechazó la petición de García-Gallardo para que la Junta convocara una protesta institucional en contra de los acuerdos de investidura, aunque el presidente fue el primero en avanzar, después de un Consejo de Gobierno extraordinario, que utilizará todos los recursos a su alcance para recurrir en los tribunales tanto la amnistía como la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña.
Echó a andar en noviembre el nuevo Gobierno de PSOE y Sumar, presidido por Pedro Sánchez, tras una compleja negociación con ERC y Junts. Dos vallisoletanos, Óscar Puente (Transportes y Movilidad Sostenible) y Ana Redondo (Igualdad) se han incorporado al Consejo de Ministros. El presidente de la Junta ya ha enviado cartas a los ministros para recordarles los asuntos pendientes en Castilla y León.
Deterioro de la relación con el Gobierno
A lo largo del año, el presidente de la Junta centró su critica en la gestión de Pedro Sánchez al considerar que sus medidas perjudican a la Comunidad. “No lo vamos a consentir”, enfatizó en varias ocasiones en las Cortes. La sequía y la crisis ganadera con la denuncia de ausencia de soluciones mientras “las vacas se mueren” y el ministro del ramo (Luis Planas) está “de perfil”, junto con el traslado de refugiados sin informar, fueron las últimas polémicas con el Gobierno.
Fernández Mañueco extiende la critica a Luis Tudanca al que le acusa de “sanchista” y de estar siempre al lado del Gobierno y en contra de los intereses de Castilla y León. Por su parte, el socialista le imputa el deterioro de las instituciones, falta de decoro y ruptura de los consensos básicos, además de solicitar el cese de dos miembros del Gobierno, de Vox, el vicepresidente Juan García-Gallardo y el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.
La investidura de Pedro Sánchez, con los apoyos de los independentistas catalanes y vascos, subió el tono cuando el presidente de la Junta calificó los acuerdos de “infames” y de “cesiones para atornillar” al socialista en La Moncloa, junto a que dichos pactos, por “un puñado de siete votos”, no son “propios” de partidos constitucionales, como afirmó el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo.
El Partido Popular convocó concentraciones en todas las capitales de España a favor de la igualdad de todos los españoles. En Castilla y León, fueron 75.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 125.000, conforme a los cálculos de los convocantes, las que salieron a las calles y plazas de las ciudades de la Comunidad.
Pactos de Comunidad
Por primera vez, el debate de política general de la Junta se celebró fuera de su plazo reglamentario de junio para no interferir en la campaña electoral de las generales del 23 de julio. El primer pleno de octubre acogió la sesión. El presidente de la Junta insistió en que preside un Gobierno “útil y eficaz”, como volvió a repetir en el último pleno de las Cortes, defendió que han cumplido con sus “obligaciones y responsabilidades” y ofreció pactos de comunidad en sanidad, financiación autonómica y Corredor Atlántico.
Con esa finalidad, Fernández Mañueco celebró reuniones con todos los portavoces de los partidos representados en las Cortes para avanzar en los tres acuerdos. El primer paso era la constitución de mesas sectoriales a instancia de los consejeros del ramo. Por Ávila, Ciudadanos, UPL, Soria Ya, con condiciones, dieron su apoyo a participar, junto a Vox y PP.
“No vamos a firmar un nuevo acuerdo sobre las cenizas de los anteriores, primero es cumplir”, fue la respuesta del socialista Luis Tudanca, que planteó dos condiciones al presidente de la Junta: “Rompa con Vox y cumpla los acuerdos”. Sin embargo, las mesas no se han convocado.
La ausencia de acuerdo institucional llega a la renovación de las instituciones propias de la Comunidad, que requiere de una mayoría cualificada. El Procurador del Común lleva un año en funciones y están a punto de cumplir el mismo periodo los miembros del Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. La ronda con los grupos celebrada a instancia del portavoz popular, Raúl de la Hoz, no se ha materializado, a día de hoy, en una propuesta y la renovación sigue pendiente.
Mientras tanto la “escalada verbal” ha seguido en las Cortes. En el pleno celebrado el pasado 7 de noviembre, Luis Tudanca y Patricia Gómez denunciaron “gestos obscenos y machistas (felación)” del vicepresidente de la Junta a dos procuradoras socialistas, la propia Gómez y Nuria Rubio. De manera tajante, García-Gallardo rechazó la acusación y cargó contra los insultos que, en su opinión, recibe del PSOE.
La situación política nacional, marcada por la ley de amnistía y los pactos con los independentistas catalanes y vascos, inunda cada pleno de las Cortes con cruces de descalificaciones, insultos y reproches entre las bancadas de los socios de PP y Vox y del PSOE. Llamadas constantes al orden por el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, e incluso la suspensión de la sesión durante unos minutos se han colado en el Parlamento.
El año se cierra sin presupuestos registrados en las Cortes. La Junta, después de recibir los demandados datos básicos al Gobierno, sigue sin despejar cuando los aprobará. De momento, se tramita la ley que los acompaña, paso previo. El PSOE interpreta, como ha deslizado en el último pleno, que Alfonso Fernández Mañueco puede estar sopesando adelantar las elecciones en 2024 y dar “el finiquito” a Vox.
Los nombramientos de altos cargos en el Gobierno han llevado al relevo en la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Virginia Barcones, también número dos del PSCyL, ha sido nombrada directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. El leonés Nicanor Sen Vélez es el nuevo representante del Ejecutivo central en la Comunidad.
Más poder municipal
En las elecciones municipales del 28 de mayo, el acuerdo entre PP y Vox en la Junta se extendió a las alcaldías de Burgos y Valladolid. Los candidatos y alcaldes socialistas Daniel de la Rosa y Óscar Puente fueron los más votados, pero los ‘populares’ Cristina Ayala y Jesús Julio Carnero accedieron a ambas alcaldías por los pactos de los socios autonómicos.
Este argumento de ser el más votado pero no gobernar por un pacto hizo viral al excalde de Valladolid Óscar Puente cuando dio él, y no Pedro Sánchez, la réplica al popular Alberto Núñez Feijóo en su fallida investidura. “De ganador a ganador”, le espetó en el Congreso para cimentar la legalidad de que gobierna quien consigue más apoyos.
Los resultados del 28M fueron propicios para el Partido Popular que recuperó Segovia y consiguió la mayoría absoluta en Salamanca, la única capital en la que gobernaba desde los comicios de hace cuatro años. La formación de Alfonso Fernández Mañueco gana así músculo territorial con el gobierno en cuatro de las nueve alcaldías.
Por su parte, el PSOE accedió a la alcaldía de Palencia apoyado por ‘Vamos Palencia’ y Miriam Andrés es la nueva alcaldesa de la ciudad; mantuvo Soria, con otra mayoría absoluta de Carlos Martínez, y conservó León, con José Antonio Díez, en pacto con UPL. Ávila sigue en manos de Por Ávila y Zamora de IU, en coalición con los socialistas.
En las generales del 23J, el PP se reforzó como fuerza hegemónica de la Comunidad al conseguir 18 diputados, cinco más, los mismos que ya tuvo en anteriores legislaturas. El PSOE se mantuvo con 12. Vox pasó de seis a uno, solo conservó el de Valladolid.
Se cierra un año de debate áspero y bronco en las Cortes, ya terminó así 2022 por el voto erróneo de PP y Vox en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos, y alejado del acuerdo. La excepción ha sido el consenso en la aprobación de la nueva comisión ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que mantiene en la presidencia a la palentina Ángeles Armisén (PP), acompañada en las vicepresidencias por Aitana Hernando (PSOE), Cristina Ayala (PP) y Eduardo Morán (PSOE).
