La Junta de Castilla y León solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una reunión mantenida esta semana, la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027 para reforzar la figura del agricultor profesional y simplificar la gestión de los ecorregímenes.
Más en concreto, el director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, trasladó a los representantes ministeriales la necesidad de hacer más ágiles los trámites relativos al cumplimiento de las condiciones de los ecorregímenes en el conjunto de la explotación, con independencia de si ésta cuenta con usos de secano o regadío, pues en todo caso, se trata de una unidad productiva.
Asimismo, en el transcurso del encuentro, Gómez puso sobre la mesa otras propuestas que, dentro de las intervenciones del primer pilar PEPAC, completarían los cambios introducidos por la Comisión Europea durante 2024. Entre estas, se encuentra la revisión de determinadas ayudas, que perjudican, en especial, el modelo de agricultura de Castilla y León, o la mejora de la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos.
La reunión sirvió igualmente para analizar y explicar las consecuencias de estas medidas en la simplificación de la PAC y cómo afectan a la gestión de las explotaciones de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, porque desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se mantiene que las medidas de protección del medio ambiente deben tener un equilibrio con los criterios agronómicos, evitando restringir el potencial productivo de las explotaciones de Castilla y León.
Un comunicado de la Junta, recogido por la Agencia Ical, señaló que todas estas cuestiones, además de otras referidas a las intervenciones de desarrollo rural, deben formar parte de un documento que el propio Ministerio de Agricultura tiene la obligación de trasladar a la Comisión Europea para su posible aprobación.
