La Jefatura Central de Tráfico (JCT) y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León han dado un paso significativo hacia la modernización y simplificación de los trámites administrativos relacionados con la compraventa de vehículos. Un nuevo convenio, firmado por el Director General de Tráfico, Pere Navarro Olivella, y el Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, establece un sistema de intercambio de información telemático que agilizará notablemente el proceso para ciudadanos y empresas de la región.
El acuerdo tiene como objetivo principal mejorar la coordinación electrónica entre ambas administraciones, allanando el camino para que, en un futuro cercano, la transmisión de un vehículo pueda realizarse sin necesidad de que los interesados se desplacen físicamente a las oficinas tributarias de la Junta de Castilla y León.
Como beneficio inmediato, los contribuyentes que vendan un vehículo ya no tendrán que acudir a las dependencias de la Consejería de Hacienda. A partir de ahora, podrán liquidar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones de forma completamente telemática a través de la Oficina Virtual de la Junta.
Una vez cumplida la obligación tributaria, la Consejería de Hacienda comunicará de manera instantánea a la Jefatura Central de Tráfico, por medios electrónicos seguros, la confirmación del pago de los impuestos necesarios para el cambio de titularidad del vehículo.
Esta comunicación directa permitirá que la DGT tramite el cambio de titularidad sin requerir al interesado la presentación de ningún tipo de justificación documental del pago de impuestos. La JCT solo procederá con el cambio de nombre del vehículo una vez que reciba el informe favorable de la administración autonómica.
Se estima que esta medida beneficiará a más de 82.000 ciudadanos en Castilla y León, tomando como referencia el número de autoliquidaciones presentadas el año anterior. Con este convenio, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la simplificación administrativa, a la vez que garantiza una mayor protección de los datos de carácter personal y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de una manera más ágil y eficiente.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años. El seguimiento y la coordinación del acuerdo se llevarán a cabo a través de una Comisión Mixta. Cabe destacar que el desarrollo de este importante avance administrativo no generará gastos ni contraprestaciones económicas para ninguna de las partes involucradas.
