El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado ilegal el recorte del 50 % aplicado en 2023 por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, bajo gestión de Vox, a las subvenciones destinadas a los sindicatos por su participación institucional. En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se estima el recurso de CCOO y se le reconoce el derecho a recibir una ayuda superior a 1,2 millones de euros, cantidad que se ajustará al IPC y que coincide con lo otorgado en años previos (2019-2022).
El fallo supone un duro revés a las políticas de Vox y refuerza la legitimidad de los sindicatos, según destacó Vicente Andrés, secretario general de CCOO en Castilla y León. Andrés calificó la decisión como una victoria para la democracia y el Diálogo Social, al tiempo que acusó a Vox de actuar de manera “unilateral e ilegal” al excluir estas partidas de los presupuestos de 2023. El tribunal subraya que, aunque la Administración podría haber modificado el importe, debía haberlo justificado, algo que no ocurrió.
La sentencia se suma a otros fallos recientes contra medidas de Vox, como la anulación del calendario laboral de 2023 o la eliminación de servicios de orientación para desempleados, y llega en un contexto de rechazo político a las propuestas del partido de extrema derecha por parte de PP y PSOE. Andrés aprovechó para exigir responsabilidades al exconsejero Mariano Veganzones y al exvicepresidente Juan García-Gallardo, incluyendo el pago de las costas judiciales.
Para CCOO, esta resolución restituye parte de la “normalidad democrática” perdida y valida el papel de los sindicatos en avances sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la Ley de Dependencia, pionera en Castilla y León. El sindicato, que sufrió ajustes en su plantilla por la falta de fondos, celebra también la salida de Vox del Gobierno autonómico, al que acusan de intentar “dinamitar” las instituciones desde dentro.
