El Consejo de Ministros ha aprobado este martes distribuir 666 millones del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear 65.382 plazas de titularidad pública -3.765 en Castilla y León- en el primer ciclo de Educación Infantil. Esta iniciativa deberá ejecutarse en tres fases hasta 2023. Con ello, la oferta pública duplicaría a la privada, que actualmente ronda los 5.000 centros infantiles y se destinarían 10.195 euros por nueva plaza pública.
El Gobierno impulsa esta medida para reforzar estos servicios educativos en ámbitos como las zonas rurales, donde hay menor oferta privada y para áreas donde viven familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, población gitana o familias migrantes.
En el desglose del reparto de los fondos, para el ejercicio de 2021 se aprueban 200 millones; en 2022 se ejecutarán 330 y en 2023 serán 135 millones. La cantidad que se aprobó este martes, para 2021, contempla crear 21.794 plazas, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. El mismo número de plazas se aspira a crear en cada uno de los ejercicios posteriores. A ello hay que añadir los convenios que se suscribirán con Ceuta y Melilla, por un importe de más de 4 millones de euros.
Según los cálculos del Ejecutivo, hasta 2023 se destinarán 123 millones para escuelas infantiles andaluzas (12.000 plazas); Cataluña percibirá 111 millones (para casi 11.000 plazas) y la Comunidad Valenciana casi 70 millones (6.800). 1En Castilla y León, serán 1.562.589, 19.062.345 y 7.761.043 euros para los años 2021, 2022 y 2023.
La cuarta comunidad autónoma con mayor asignación es Madrid, con 53,5 millones (5.200). Pero en el reparto también destacan Murcia y Canarias, que rondan los 40 millones (para la creación de unas 3.900 plazas en cada región).
Bien recibida
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, recalcó que las plazas serán “públicas y gratuitas” añadió que que cree que la medida será “muy bien recibida” por las familias. “Son este tipo de medidas las que garantizan la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor de la calidad del sistema educativo”, añadió.
En su opinión, la medida tiene “un importante impacto social” y recordó que actualmente la población escolarizada en esa etapa es, de media, del 38% y que es muy distinto dependiendo de la renta familiar, ya que quienes ganan menos tienen una tasa del 26%, y que organismos internacionales señalan los beneficios de escolarizar en esta etapa para el posterior desarrollo de los niños. Alegría también argumentó que la medida creará puestos de trabajo, especialmente femeninos, y facilitará la conciliación de las familias.
En cuanto al reparto de las ayudas, la ministra indicó que para ello se han considerado cuestiones como la población total infantil que hay en cada comunidad autónoma o la dispersión de la población.
