Un total de 47.424 personas tiene concedido el Ingreso Mínimo Vital en Castilla y León, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 19.771 de ellos menores. Una cifra que eleva a algo más de un millón de personas el número total de beneficiarios, la mitad de lo previsto por el Gobierno (2,3 millones), casi dos años después de la puesta en marcha de este mecanismo. La organización denunció que solo una de cada cuatro solicitudes son aprobadas.
Igualmente, el 14,8 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad se beneficia del IMV, casi tres puntos más que la media nacional (12,1 por ciento), aunque ya supera la cobertura de rentas mínimas. La Asociación señaló que en marzo se pusieron en marcha 428.043 prestaciones concedidas en el conjunto del país (casi 19.000 en Castilla y León).
La cobertura del Ingreso Mínimo Vital es desigual en el territorio nacional, con autonomías que únicamente tienen una cobertura del 7,1 por ciento, como Cataluña, o 7,5 por ciento en Canarias, mientras que Navarra supera el 27 por ciento.
Desde diciembre de 2021 se han incorporado a la percepción del IMV 330.000 personas. En solo tres meses lo han hecho más personas que en el período de nueve meses de marzo a diciembre, habiéndose pasado de una media de unos 30.000 perceptores nuevos cada mes a 110.000 en el último trimestre.
Las modificaciones incorporadas tras el trámite parlamentario en la ley 19/2021 del Ingreso Mínimo, y que entraron en vigor en enero de 2022, han aumentado el ritmo de concesiones y favorecido la incorporación de nuevos perceptores.
En este momento, en el que se está produciendo la mayor crisis de refugiados de los últimos años, la Asociación pidió al Ministerio de Inclusión que permita que el IMV pueda ser una herramienta para facilitar la inclusión de las personas refugiadas que lleguen a España. En este sentido, abogan por “exceptuar a las personas con cualquier tipo de protección internacional o asilo, permitiendo la percepción del IMV desde su llegada a España, sin necesidad de cumplir con el requisito de tener residencia legal desde un año anterior a la solicitud”.
