La Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Salud Pública, ha iniciado los trabajos para la realización, a lo largo de 2021, 2022 y 2023, de un mapa descriptivo de los niveles de gas radón en la Comunidad y evaluar la potencial exposición a este elemento químico.
El objetivo es establecer un sistema de vigilancia y seguimiento que permita, por un lado, determinar su presencia territorial y, desde esa información, reducir el potencial riesgo poblacional ante su exposición, ya que las medidas a adoptar para protegerse son sencillas.
El gas radón es un elemento químico vinculado a la degradación radioactiva del uranio y está presente de forma natural en suelos y rocas; su concentración -y por tanto el riesgo para la salud- ocurre en el interior de lugares cerrados, en donde se acumula filtrándose especialmente desde las formaciones geológicas situadas bajo las edificaciones, a través de grietas o huecos en paredes, juntas, desagües, conducciones, etcétera.
La Organización Mundial de la Salud lo considera carcinógeno humano, únicamente por detrás del tabaco en cuanto a tumores de vías respiratorias, de manera que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta proporcionalmente según haya sido el nivel de exposición al radón, interaccionando más aún en personas fumadoras o exfumadoras.
Si bien no hay un umbral debajo del cual su riesgo para la salud no exista, lo cierto es que el radón residencial, el que pueda retenerse en lugares cerrados, considerado la fuente más importante de este gas, es muy fácil de evitar a través de una buena ventilación que evite su acumulación en inmuebles: cuanto menor sea la concentración de radón en una edificación, menor será el peligro y, además, es muy sencillo de detectar y cuantificar su presencia.
Precisamente, con el fin de medir y evaluar la exposición al radón natural en Castilla y León se pone en marcha esta campaña de Salud Pública que prevé el uso de más de tres mil detectores en viviendas y edificios públicos de toda la Comunidad, con el fin de elaborar un mapa territorial de incidencia de este elemento químico.
Los 3.091 medidores a utilizar se distribuirán por las provincias castellanas y leonesas de acuerdo al siguiente reparto: Salamanca, 558; Ávila, 365; Burgos, 392; León, 487; Palencia, 221; Segovia, 198; Soria, 258; Valladolid, 276; y Zamora, 336.
Estos equipos, gestionados a través de los Servicios Oficial Farmacéuticos de la Consejería de Sanidad, recogerán datos y mediciones durante tres meses en cada ubicación, con el fin de comprobar las concentraciones de radón y definir su posible presencia en cada área de la Comunidad y evaluar el peligro.
Con esta información se podrá, en el marco de la normativa nacional y europea al respecto, identificar los términos municipales en los que se estima un nivel de riesgo “no despreciable”, al objeto de aplicar en los inmuebles situados en esos municipios las medidas que, recogidas en el vigente Código Técnico de Edificación, facilitan la limitación de la exposición ocupacional interior al gas radón procedente del terreno.
Esta labor de control y evaluación se refuerza con la campaña de comunicación mediante cartelería, folletos e información en la web de Salud Castilla y León en la que la Junta cuenta con la colaboración de diputaciones y ayuntamientos.
El fin no es otro que, además de dar a conocer la puesta en marcha de este sistema de medición y control, insistir en el recordatorio a la población castellana y leonesa de que los riesgos para la salud del radón, si bien existen, son evitables adoptando una serie de iniciativas: airear a menudo sótanos y plantas bajas; eliminar grietas en paredes y muros, especialmente de sótanos; proteger juntas de construcción; proteger canalizaciones de agua corriente; proteger canalizaciones de gas; y proteger desagües.
