Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, las agresiones al personal penitenciario han aumentado un 49,51% con respecto a la media del mismo periodo durante los años 2020-2024. Según datos difundidos por CCOO, se han producido 1,54 incidentes diarios de media, frente a los 1,02 registrados en los cinco años anteriores.
El número de trabajadores agredidos también ha experimentado un incremento preocupante: ha pasado de una media de 1,30 personas agredidas al día a 1,97, lo que supone un aumento del 51,53%. De las víctimas, el 73,96% son hombres —que representan el 62,83% de la plantilla— y el 26,04% mujeres.
Desde el sindicato CCOO advierten de que, de mantenerse esta tendencia, 2025 podría convertirse en el peor año en términos de violencia contra el personal penitenciario. La organización denuncia que se trata del “principal riesgo laboral” que enfrenta este colectivo y critica duramente la política de recortes de derechos preventivos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
“La administración penitenciaria no protege al personal y recorta los derechos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, señalan desde CCOO. El sindicato acusa a la Secretaría General de actuar con “indolencia y negacionismo”, y exige un cambio de rumbo que garantice el derecho del personal a la salud y la integridad física.
“No se puede construir una política de reinserción sobre la negación de esta realidad. El corazón de la reinserción es el personal penitenciario. Sin ellos, no hay reinserción”, subraya el sindicato.
Medidas urgentes propuestas por CCOO
Para revertir esta situación, CCOO ha propuesto un paquete de medidas centradas en la prevención, protección y apoyo a las víctimas:
Aplicación íntegra de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluación realista de las causas y riesgos asociados a la violencia en prisión.
Implementación de medidas preventivas anticipadas al riesgo.
Revisión y modificación continua de las acciones que no den resultados.
Protección del derecho a la salud de la población reclusa, especialmente en el ámbito de la salud mental.
Adecuación de la clasificación regimental a las necesidades reales de los centros penitenciarios.
Dotación de equipos de protección individual (EPIs) adecuados.
Apoyo psicológico y jurídico a las personas agredidas.
Derogación del PEAFA, programa que, según el sindicato, agrava la situación de inseguridad del personal.
CCOO hace un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que aborden esta crisis con seriedad y pongan fin al creciente clima de violencia en las cárceles españolas.
