Una de las consecuencias más plausibles que se derivan de la sequía provocada por las altas temperaturas es, sin duda, la afección a las cosechas de los agricultores. La falta de agua cristaliza en un descanso en los rendimientos agrícolas que, durante este año, ha cobrado tintes dramáticos. Así lo vienen advirtiendo los sindicatos del sector desde hace algunos meses, vislumbrando un escenario que se revela desolador.
Entrada la primavera, Asaja anunció que en las zonas de regadío los agricultores se vieron obligados a empezar la campaña de riego mucho antes que en años anteriores. La falta de lluvia provocó que se tuvieran que abastecer de agua para el nacimiento de cultivos como la patata o el maíz. Además, parcelas de cereales tuvieron que ser regadas con el consiguiente aumento de los costes de producción.
La organización agraria apuntaba que, además, esa situación condiciona el precio del cereal en la Lonja. De hecho, en el campo la sequía afecta directamente a los agricultores pero también a los ganaderos, que la sequía provoca el aumento de las especulaciones con productos como la paja, el forraje o el pienso, al haber tenido que suplementar la alimentación de los animales varios meses antes de lo habitual.
Según el sindicato de jóvenes agricultores, otro de los sectores más afectados por la situación de extrema sequía es la ganadería en régimen extensivo porque no dispone apenas de agua y alimento a consecuencia de que no hay pastos con el consiguiente incremento de los costes de producción que tienen que soportar los ganaderos, tanto por el incremento del aporte alimenticio como por la previsión de compra de cubas de agua para dar de beber a su ganado.
Además, la Alianza UPA-COAG exigió a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que dejaran de apelar únicamente al deseo de que llueva y, sin demora alguna, actuaran con las herramientas normativas que tienen a su alcance para ponerlas a disposición de los agricultores y ganaderos afectados por la sequía extrema.
Decreto gubernamental
En este sentido, el Gobierno de la nación anunció el pasado 6 de junio la entrada en vigor de un decreto que persigue paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería con medidas urgentes. Así, las empresas y autónomos con explotaciones agrarias afectadas por la sequía en toda España pueden obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social entre julio de 2017 y febrero de 2018, así como en las cuotas por las jornadas reales.
En la misma dirección, algunas entidades financieras como Caja Rural han lanzado líneas de crédito con condiciones especiales para los profesionales del sector agropecuario afectados por la situación de sequía. Además, la entidad aclaró que iban destinadas tanto a clientes como a no clientes con el objetivo de mitigar la pérdida de competitividad de las explotaciones garantizando su viabilidad y reduciendo el impacto económico de los daños.
