La Junta de Castilla y León ha anunciado una importante modificación en las bases reguladoras de las ayudas destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). El objetivo principal de esta actualización es ampliar el alcance de las ayudas, agilizar el proceso de solicitud y garantizar una distribución más justa y equitativa de los fondos.
- Inclusión de ERTEs por resolución judicial: A partir de ahora, los trabajadores afectados por ERTEs derivados de resoluciones judiciales en procedimientos concursales también podrán beneficiarse de estas ayudas. Anteriormente, solo se contemplaban los ERTEs iniciados por las empresas y resueltos por la autoridad laboral.
- Eliminación del límite por tamaño de empresa: Se ha suprimido la restricción que excluía a los trabajadores de empresas con más de 1.000 empleados. Con esta medida, se asegura que el tamaño de la empresa no sea un factor determinante para acceder a las ayudas.
- Cuantía fija y simplificación administrativa: Se establece una cuantía fija de 10 euros por jornada completa de suspensión, con un límite de 300 jornadas, eliminando la graduación económica previa. Además, se simplifica el proceso de solicitud al eliminar la obligación de presentar el certificado de empresa y las últimas cuatro nóminas, siempre que el trabajador esté recibiendo la prestación por desempleo durante el periodo subvencionable.
- Ampliación de beneficiarios: Se incluyen a trabajadores con contrato indefinido fijo discontinuo cuya actividad haya finalizado antes de lo previsto, aquellos cuyos contratos hayan sido interrumpidos, y los que estando en periodo de inactividad productiva, sufran un retraso en la fecha de su reincorporación efectiva.
Respecto a los requisitos para acceder a las ayudas es necesario haber estado afectado por la suspensión o reducción de jornada durante al menos 10 días dentro del periodo subvencionable; tener una base de cotización por contingencias comunes que no supere los 4.000 euros mensuales (o la parte proporcional en casos de contratos a tiempo parcial o reducción de jornada); que los ERTEs esten fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor temporal o en aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo.
Con estas modificaciones, la Junta de Castilla y León busca adaptar las ayudas a las nuevas realidades del mercado laboral y garantizar que el apoyo llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan, promoviendo la equidad y la justicia social.
