El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora a raíz de los malos resultados del último informe PISA. Según la información que se ha hecho pública, el plan contará con una partida presupuestaria superior a los 500 millones de euros y pretende beneficiar a 4,7 millones de alumnos de los cursos comprendidos entre tercero de Primaria y cuarto de ESO. El objetivo del Gobierno es que la partida se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para este año, que aún se están elaborando. La medida aborda tres objetivos: 1) reducción del número de estudiantes por aula con desdobles; 2) docentes de apoyo fuera del horario lectivo para los alumnos con dificultades; y 3) plan de formación del profesorado.
La postura de ANPE al respecto se puede resumir en los siguientes puntos:
Cualquier iniciativa encaminada a invertir en educación y favorecer la disminución de ratios, aunque sea solo en dos áreas determinadas, es, en principio, positiva, a falta de conocer los detalles de su concreción.
Sin embargo, la medida no es la solución a los problemas que se pretende afrontar, por lo que no deja de ser un parche. De entrada, habría que estudiar bien cómo se reparten los 500 millones de euros en los que se ha cifrado el coste del plan, ya que parece difícil que con esa cuantía se pueda beneficiar, como se pretende, a cerca de 5 millones de alumnos, es decir, a casi 200.000 grupos. El número de docentes que se tendría que incorporar resultaría insuficiente con esa dotación, máxime cuando con esa cifra se pretenden abordar más objetivos.
- La situación reflejada por el último informe PISA se veía venir desde hace años. Es evidente que la trayectoria hasta ahora y los resultados de los anteriores informes PISA no eran los adecuados y deberían haber motivado la puesta en marcha de acciones estructurales, y no coyunturales, mucho antes .
- El problema es estructural: en España, el sistema educativo está sometido a constantes cambios y vaivenes derivados de las sucesivas leyes orgánicas de Educación , ninguna de las cuales se ha acercado a los diez años de vigencia que se precisan como mínimo para hacer un balance de su implantación y de sus efectos. Esto hace que el ámbito educativo se mueva en un ambiente de continua incertidumbre .
- Ninguna actuación que no asuma la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo llevada a cabo desde el consenso político, mediante al menos un acuerdo de mínimos y con la participación activa del profesorado, de sus representantes, y del resto de actores implicados que asegure la necesaria estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, no podrá ser más que un parche o remiendo coyuntural.
- Es llamativo que se hable de potenciar la formación al profesorado cuando la última ley educativa habla en su Disposición Adicional 7ª de una reforma de la profesión docente que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, y no se ha hecho nada al respecto, a pesar de que el Gobierno debía presentar una propuesta hace ya más de dos años. Estamos expectantes para conocer las intenciones y la concreción e esta medida.
- Es clave la coordinación con las comunidades autónomas , ya que las medidas planteadas parten del Gobierno central, pero son las aquellas la que deben implantarlas, al estar las competencias transferidas. Es importante tener en cuenta que en el informe PISA se habla de diferencias de más de un curso académico entre algunas comunidades autónomas.
En definitiva, desde ANPE se insiste en que es necesario mejorar y potenciar todo el sistema educativo, por lo que entieden que esta medida, aunque positiva, resulta insuficiente para paliar las carencias de nuestra educación.
