El Gobierno de España ha anunciado la transferencia de 30.000 inmuebles a la Empresa Pública de Viviendas, algo sobre lo que se ha pronunciado la Asamblea de Inquilinas de Salamanca alegando que “no se le ha dado ese uso, y menos tras haberse empleado la Sareb para rescatar a la banca con el dinero de la ciudadanía española y, después, volver a privatizarla. Ya sólo eso quita a ese plan de la Empresa de Vivienda Pública mucha credibilidad”.
Del mismo modo, han explicado que no creen que se le vaya a dar la utilidad necesaria, y que darán ese suelo y dinero publico “a las constructoras y a las promotoras para que hagan negocio y se beneficien a nuestra costa, de la ciudadanía y, particularmente, de la clase trabajadora y de las inquilinas”.
Asimismo, han querido destacar que de hacerse esas medidas, se debería realizar una ley que blinde todas las propuestas realizadas, pero que el beneficio será para “gran parte de los diputados y de los políticos profesionales, también alineados con este Gobierno, son rentistas, comenzando por la propia ministra de Vivienda, y con que no van a legislar ni a gobernar contra sus propios intereses personales”.
Habría que destacar, por parte de la Asamble de Inquilinas de Salamanca, que se van a ver obligadas, tanto ellas como la ciudadania, a que “nos veremos obligadas a sufragar con nuestros impuestos seguros de impago para los caseros, como si estos no tuvieran bastante con los que muchas inmobiliarias cobran ilegalmente al propio inquilinato, o con los matones de Desokupa”.
Además, han explicado que todas estas medidas son “una tomadura de pelo”, y que para tener más información al respecto, se reunirán en “el segundo y el cuarto martes de cada mes, ahora a partir de las 19:30”, además de que para saber el lugar, habría que escribir a sus redes sociales para que sepan cual es el lugar exacto. Han finalizado exponiendo, de forma contundente, que “los rentistas, y sus cómplices que desde el Estado sólo nos ofrecen migajas, nos tendrán de frente”.
